LA CRISIS SEPULTA LA AGENDA SOCIAL DE ZAPATERO

El 5 de marzo de 2008, el antepenúltimo día de campaña antes de las elecciones generales, un José Luis Rodríguez Zapatero sonriente y sentado junto a Joaquín Sabina prometía en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a las decenas de deportistas, activistas y representantes del mundo cultural que le apoyaban una nueva legislatura pletórica en avances en los derechos sociales y las libertades públicas demandados por la izquierda española.

Era el núcleo duro de su programa de Gobierno, su contrato con los electorales progresistas que cuatro días después le dieron una ventaja de más de un millón de votos sobre el PP de Mariano Rajoy. Después de cuatro años con una larga agenda de logros -matrimonio homosexual, divorcio exprés, cheque-bebé, permiso de paternidad, leyes de igualdad, contra la violencia de género, de dependencia o de memoria histórica- el candidato socialista exhibía su seguridad y reclamaba a los reunidos en el mitin que «nos exijáis» los compromisos programáticos y «seáis críticos».

Tres años y medio después, cuando mañana Zapatero apruebe el decreto de disolución de las Cortes y convoque elecciones prácticamente todas las normas estrella de su agenda social, las señas de identidad que recitó y prometió en el Círculo de Bellas Artes, se habrán quedado por el camino.

La ley de igualdad de trato, llamada a poner los cauces para minimizar las discriminaciones sociales por sexo, origen, religión, opción sexual o cualquier otra característica y en cualquier ámbito de la convivencia, y la de muerte digna, que acabaría con el ensañamiento terapéutico y mejoraría los últimos días de vida de los enfermos terminales, formarán parte de los 18 proyectos gubernamentales que han decaído con el cierre del Congreso.

Las otras dos grandes promesas, la ley de transparencia y acceso libre a la información de los organismos públicos, la que iba a erradicar el silencio administrativo y abrir las ventanas de ministerios y consejerías, y la ley de libertad religiosa, destinada a profundizar en la aconfesionalidad constitucional del país y en la igualdad de trato del Estado con todos los credos, ni siquiera llegaron al Parlamento. El borrador de la segunda duerme desde mediados de 2010 en un cajón de Presidencia y el anteproyecto de ley de la primera, después de múltiples parones, fue aprobado por el Consejo de Ministros, en un gesto para la galería, en la misma reunión del 29 de julio tras la que Zapatero anunció que el Congreso se cerraría en un mes porque las elecciones se adelantaban al 20 de noviembre.

El sueño del presidente de pasar a la historia como el gran impulsor de los derechos sociales en España comenzó a quebrarse poco después de llegar a la Moncloa, cuando la crisis que había negado con insistencia mostró sus primeros síntomas inequívocos, y el cajón en el que antes de acabar 2008 empezó a aparcarse el bloque de la agenda social se abrió de golpe el 14 de septiembre, el día en que con la quiebra de Lehman Brothers el mundo supo de golpe que estaba inmerso en la mayor recesión desde el 'crack' de 1929.

Brusco viraje

La brutal irrupción de la crisis y el vertiginoso crecimiento del registro de parados hicieron virar la estrategia del Ejecutivo. En 2009 ya solo tenía ojos para la política económica, entró en una paulatina fase de debilidad política y, además, según pasaban los meses, se percató de que en la cartera pública, cada vez más depauperada, no había dinero para enfrentar ambiciosos proyectos sociales que exigirían de importantes inversiones o gastos para su puesta en marcha.

Solo una norma de la agenda social se abrió paso, la ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo. A su favor jugó que en el primer año de legislatura ya estaba terminada, que el Gobierno tenía urgencia en aprobarla para acabar con los procesos a mujeres y clínicas, y que contaba con mayoría parlamentaria para sacarla adelante.

2010 fue el año del arrumbamiento definitivo de la agenda social. La crisis económica, que para entonces ya acumulaba cuatro millones de parados, colocó a España y a su Gobierno al borde del abismo con la entrada en escena de la crisis de la deuda, que obligó a la Unión Europea a intervenir a Grecia e Irlanda y forzó a Zapatero a recortar los sueldos de los funcionarios, a quitar el cheque-bebé, congelar las pensiones no mínimas, y a suprimir la desgravación por vivienda. El tremendo ajuste colocó para el otoño al PSOE a casi 10 puntos de distancia del PP y rompió casi todos los lazos gubernamentales con la izquierda social y política. Sus únicos socios parlamentarios eran los nacionalistas, pero solo para medidas anticrisis no para proyectos que, en algunos casos, chocaban con su ideología de centro-derecha.

El estado de emergencia económica, un clima social que repelía los combates ideológicos y la falta de dinero sepultaron la ley de libertad religiosa y la de transparencia informativa. Ni siquiera fueron incluidas en el plan de choque legislativo (26 proyectos), con el que en noviembre de 2010, el futuro candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, recién ascendido a vicepresidente primero y delfín, quiso retomar la iniciativa política y adquirir un barniz social. En este programa de leyes prioritarias a aprobar antes del fin de la legislatura sí que estaban las de muerte digna e igualdad de trato, pero el incumplimiento de los propios plazos del plan, con retrasos de hasta siete meses para entregarlas en el Congreso, y el adelanto electoral de julio, las condenaron a no pasar de la fase de enmiendas.

El incumplimiento de este núcleo duro del programa electoral es, junto a los impopulares recortes económicos y sociales y al paro, lo que de hecho ha hundido la imagen de Zapatero entre la izquierda y hace que, a solo dos meses de las elecciones, los socialistas calculen que tres millones y medio de sus antiguos apoyos no están por repetir. Rubalcaba, en su afán por recuperar a parte de este electorado, lo único que le permitiría salvar los muebles en los comicios, se ha comprometido a aprobar de inmediato todas estas leyes estrella si es presidente. Pero se enfrenta a la desconfianza de quien se siente traicionado, que le pregunta: «¿Por qué ahora sí si antes fue no?».