LA URGENCIA SE IMPONE AL PACTO

Entre lo urgente y lo importante, el Gobierno ha escogido lo urgente. Los socialistas, y quizás también el PP, hubieran querido repetir el consenso de 1978 para reformar ahora la Constitución, es decir incorporar a CiU e IU, y si se podía al PNV. Habría sido además lo más correcto en términos políticos por el respeto a las formas y para dotar al cambio constitucional de mayor legitimidad democrática.

Pero los dos partidos han preferido llevar esta mácula en su expediente en aras de lo inmediato, que es adelantarse a las turbulencias financieras que se avecinan en otoño, cuando Italia tenga que colocar deuda en los mercados por valor de 70.000 millones, España 60.000 millones y Francia más de 100.000 millones. Las angustias de los primeros días de agosto pueden ser una broma ante lo que se prepara en septiembre y octubre, y quizás el parapeto del Banco Central Europeo ya no sea suficiente.

El Gobierno explica que había que dar una señal rotunda a los mercados de la seriedad de España, y por eso antes que París o Roma incorporaran a sus constituciones los límites al déficit, PSOE y PP pactaron la reforma de la Carta Magna. El riesgo, como así ha sido, era quedarse solos, pero ambos prefirieron pagar ese precio al de abrir un proceso constituyente que se demorase meses y dejara a España a la intemperie como en la última tormenta financiera. Igual valoración hicieron para negar el referéndum, pues celebrar una consulta que refrendase el 20 de noviembre la reforma implicaba dejar en precario ante los mercados el compromiso de embridar el déficit ahora y para siempre.

También hay razones domésticas, apenas exteriorizadas, pero también determinantes, para no sumar a los nacionalistas a esta u otra alteración constitucional. CiU y el PNV no son los de 1978, cuando eran autonomistas implicados en la transición a la democracia. Ahora son, recuerda un miembro del Gobierno, partidos con un sesgo soberanista mucho mayor.

El nacionalismo vasco va a condicionar siempre su apoyo a los cambios constitucionales a que se reconozca el derecho de autodeterminación. El nacionalismo catalán es más sutil, pero tampoco está cómodo con el café autonómico para todos que se sirvió en la transición y quiere que sus singularidades se reflejen en la Constitución, sea con el derecho a decidir, sea con un blindaje a las intervenciones externas en sus decisiones. Y por si fuera poco se viven vísperas electorales, una época que invita muy poco a los consensos y que más bien estimula los disensos.

Así las cosas, las urgencias europeas, por un lado, y la desconfianzas hacia los nacionalismos, por otro, han conducido a una reforma exprés de la Constitución sin consenso.