PSOE y PP no logran reeditar el consenso constitucional

El PSOE y el PP tendrán que aprobar la primera reforma de calado que sufre la Constitución en sus casi 33 años de vida en solitario, con el único respaldo de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN). El debate que permitió ayer la toma en consideración por el Congreso de la proposición de ley para introducir en la Carta Magna la fijación de límites al déficit público dejó claro que tanto los grupos minoritarios de izquierda como todos los nacionalistas se desmarcan de la iniciativa y en la votación del viernes negarán su apoyo al cambio.

La falta de aliados no va disuadir a socialistas y populares de aprobar una reforma que consideran imprescindible y urgente, entre otras cosas para intentar vacunar a la deuda pública española contra nuevos ataques de los mercados a partir de septiembre, pero ha evidenciado su fracaso a la hora de restablecer el amplio consenso político que rodeó la aprobación de la Constitución de 1978, que fue hasta ayer el objetivo confesado de ambas formaciones.

Los portavoces de los dos grandes grupos defendieron la necesidad de que el equilibrio presupuestario sea obligatorio para todas las administraciones porque es una garantía para el mantenimiento del Estado del bienestar, rechazaron que la regulación invada la autonomía de las nacionalidades y regiones, y el PSOE aseguró que seguirá permitiendo políticas redistributivas de izquierdas.

PSOE y PP no podrán contar ni con IU -heredera del PCE que pactó la Carta Magna-, que descalificó el proyecto desde el inicio; ni con CiU, que considera que su exclusión de las negociaciones le desvincula incluso de su compromiso con el primigenio consenso constitucional; ni con el PNV, que hace 33 años y tras pactar buena parte de la ley fundamental se mantuvo en la abstención y que ahora se encamina hacia un 'no' rotundo a la reforma. No solo va a adelgazar el apoyo político a la Constitución sino que los dos partidos han sido incapaces de sumar al consenso a otras formaciones de nuevo cuño. No es previsible que acepten ninguna de las enmiendas al proyecto que pueden presentarse hasta el jueves. La falta de apoyos es más evidente porque la primera y anterior reforma constitucional, aprobada en 1992 para permitir que los extranjeros pudiesen ser candidatos municipales, contó con la unanimidad de las Cortes.

La votación que permitió ayer pasar a la reforma su primer trámite parlamentario fue una radiografía bastante fiel del resultado con el que el Congreso la aprobará el viernes. La admisión del texto tuvo 318 votos a favor de PSOE, PP y UPN; dos abstenciones, de Coalición Canaria; 16 votos en contra de PNV, ERC, IU, BNG, UPyD y NafarroaBai; y la sorprendente actitud de los diez diputados de CiU que, en un hecho inusual en el Congreso y pese a estar sentados en la Cámara, se negaron a votar como acto de protesta y fueron contabilizados por tanto como ausentes. Aunque el grupo socialista cree que aún le queda un «margen mínimo» para negociar el apoyo de CiU, fuentes de la federación dijeron que su 'no' ya está decidido. Los diputados de ERC, en una variante del desplante de CiU, tratan de convencer a los grupos de izquierda y nacionalistas para que el viernes abandonen el pleno antes de la votación para demostrar su repulsa.

Zapatero respira tranquilo

La visualización en el panel luminoso del resultado permitió respirar tranquilos a los máximos responsables socialistas porque confirmó que su grupo parlamentario, pese a las muchas dudas y algunos descontentos con la modificación, cerró filas y mantuvo la disciplina de voto, tal y como el día anterior había asegurado el candidato Alfredo Pérez Rubalcaba. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, muy criticado en su partido por lanzar la reforma por sorpresa y sin debate interno, reconoció al término del recuento estar «muy satisfecho» por «el enorme sentido de la responsabilidad del PSOE». Solo el ex secretario general de CC OO Antonio Gutiérrez votó no en el grupo socialista. Los cuatro diputados de la corriente Izquierda Socialista, aunque amagaron durante días con el 'no', al final votaron sí.

El resultado permite extraer otras dos conclusiones. PP y PSOE cuentan con cien votos de sobra para superar los tres quintos del hemiciclo que requiere la aprobación de la norma y todos los diputados que no quisieron votar sí, incluido Gutiérrez, suman 29, aún lejos de las 35 firmas que como mínimo serían necesarias para forzar al Gobierno a convocar un referéndum para ratificar la reforma. El dato augura que los portavoces de IU, Gaspar Llamazares, y de UPyD, Rosa Díez, tendrán poco éxito en su llamamiento a la rebelión de los socialistas.

Si el Congreso confirma el 'sí', la reforma será ratificada la semana próxima en el Senado y entrará en vigor a finales de septiembre.