Los dueños de la adjudicataria «juran» que las obras están ejecutadas

El caso abierto por el supuesto desvío de fondos que debían ser destinados para obras de colegios gaditanos entra de lleno en la fase de instrucción. El juez del nº 2 de Cádiz comenzó ayer los interrogatorios de los implicados en la presunta trama. Los primeros en pasar por su despacho fueron tres de los once denunciados inicialmente: el matrimonio que está al frente de la adjudicataria a partir de la cual se inició toda la investigación y uno de sus tres hijos. Contratas y Mantenimientos Pacheco S. L., con sede social en Rota, es la sociedad a la que supuestamente se le concedieron contratos por valor de 3,6 millones de euros que no se ejecutaron o bien no se realizaron según estaban presupuestados.

La respuesta de los implicados era la esperada: las obras están completamente ejecutadas y no existen irregularidades en la adjudicación sistemática que se hizo mediante procedimientos sin salir a concurso y cuya única beneficiada fue esta sociedad.

El primero en declarar fue el marido, Pedro G.P., quien consta como apoderado de la empresa. Según fuentes consultadas por este periódico, llegó a «jurar» por sus hijos que las obras bajo sospecha están terminadas y certificadas por arquitectos funcionarios o externos a la administración que verificaron su ejecución. Según su declaración, su empresa lleva más de 20 años en el sector y cuenta con la acreditación oportuna para poder recibir contratos públicos.

De nuevo entran en colisión las versiones, ya que el fisco en su informe señala que en el periodo investigado -de 2006 a 2008-, los únicos beneficios que obtuvo la citada sociedad procedieron exclusivamente de su relación con Educación, a través del ISE de Cádiz; y entre los documentos que fueron reclamados y que no llegaron a manos de los inspectores de la Agencia Tributaria está el informe de solvencia que acredite la capacidad de esta sociedad para asumir obras pagadas con fondos públicos.

La mayor de las contradicciones vuelve a estar en el peritaje de los trabajos encomendados a Contratas y Mantenimientos Pacheco S. L. Una arquitecta de la agencia, que está citada a declarar como testigo el próximo lunes, asegura tras visitar los colegios que el 84% de las obras contratadas no estaban supuestamente ejecutadas. Aquellos a quienes se les encargó realizarlas niegan esta afirmación, que es la base de la denuncia por supuesta malversación y prevaricación.

El gestor de esta adjudicataria tiene un doble frente judicial: por un lado, la Agencia Tributaria le reclama una cuantiosa cantidad por deducciones injustificadas en el pago del IVA y en el impuesto de sociedades; y por otro lado, por su supuesta cooperación en el desvío de fondos que habrían parado, según las pesquisas iniciales, a los bolsillos de su familia.

El juez también le interrogó por la subcontratación que hicieron de todas las obras y a espaldas del ISE, contraviniendo la normativa al respecto que obliga a informar previamente a la figura que contrata, al cliente. De esas subcontrataciones la propia Delegación de Educación reconoció que se habían efectuado sin su consentimiento. Y a través de ellas, los inspectores se toparon con una veintena de sociedades de las que tienen sospechas fundadas de que su única actividad es la emisión de facturas falsas.

Pedro G. P. declaró que no eran subcontrataciones al uso; sino que en cada obra contrataban determinados oficios (albañiles, electricistas...) pero que la supervisión de las tareas siempre recaía en ellos.

En dinero negro

Sobre la existencia de facturas ilegibles, presuntamente engordadas o que no corresponden a servicios prestados o material adquirido; el apoderado de la sociedad reconoció que muchas veces se pagaba a los trabajadores en mano y que para justificar esos gastos recurrían a facturas. Es decir, reconoció en cierta forma que la contabilidad de Contratas y Mantenimientos Pacheco S. L. no era impoluta. Las mismas fuentes señalaron que los indicios sobre irregularidades fiscales de esta sociedad son importantes.

El juez le ha dado diez días de plazo para que presenten todos los expedientes relativos a las contrataciones que hicieron con el ISE y los justificantes de pago a los proveedores.