El Gobierno quiere que Telefónica pague toda la factura de su ajuste

El Gobierno exigirá a Telefónica el pago de toda la factura del ajuste de 8.500 empleos que se ha propuesto llevar a cabo en el área de telefonía fija de su filial española en los próximos cinco años, incluidas las cantidades que pudieran corresponder a estos trabajadores en concepto de desempleo. Hasta ahora, los 'prejubilados' en los expedientes de regulación de empleo de la práctica totalidad de las empresas, excepto la banca, han venido cobrando los dos primeros años la prestación del Sistema Público de Empleo, de manera que ese importe se sufragaba con fondos públicos.

Cuando la operadora anunció el recorte -que inicialmente se limitaba a unos 6.400 puestos de trabajo- el Ejecutivo puso en marcha un cambio legal que cerraba este camino para los prejubilados mayores de 50 años procedentes de compañías en beneficios. Pero la modificación de la norma, incluida en una enmienda a la ley de Empleabilidad y Protección Social, más conocida como de políticas activas de empleo, podría no llegar a tiempo, puesto que su votación tendrá lugar en julio, y la propuesta del ERE de Telefónica ha sido entregada este mismo jueves en el Ministerio de Trabajo, y su plazo de tramitación se va a extender mes y medio.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, aprovechó la asistencia al Parlamento en el debate de totalidad sobre la reforma de pensiones para, en declaraciones a los medios de comunicación, dejar clara la posición de su departamento. Afirmó que no cabe vetar las aspiraciones de Telefónica si la operadora cumple los requisitos legales y pacta su plan con los sindicatos. Pero argumentó también que la compañía debe asumir los costes de las prestaciones por desempleo que hubieran correspondido a los trabajadores que salgan de la plantilla, en la medida en que no serán parados convencionales, aspirantes a otro puesto de trabajo, sino que estarán en tránsito hacia la jubilación.

Gómez matizó que las críticas del Gobierno a la operadora no se han referido al planteamiento del ERE sino al hecho de que el ajuste se anunciara al tiempo en que la compañía iba a someter a la junta de accionistas «multimillonarias retribuciones» para sus directivos.

Los dos sindicatos mayoritarios en Telefónica, CC OO y UGT, abiertos a una negociación, discrepan entre ellos. CC OO aboga por desvincular totalmente al Sistema Público de Empleo, y UGT defiende que Telefónica dedique a la creación de nuevos empleos el importe equivalente a las prestaciones de paro correspondientes.