El robo de bebés, caso abierto

V ive en Estados Unidos, pero se crió en Marruecos en el seno de una familia acaudalada. Siempre intuyó que había sido adoptado, pero nunca obtuvo respuestas a sus preguntas. Algunas comenzaron a llegar cuando fallecieron sus padres oficiales. Se hizo las pruebas de ADN y despejó las primeras dudas. Aquella madre que le vio crecer no lo había parido en 1964 como dicen su documentos personales. Al otro lado del charco, a miles de kilómetros de la península, las noticias sobre el supuesto robo de bebés en la España de la dictadura y también de la democracia han llegado a través de la Red. Así este hombre de 47 años supo que en La Línea se estaban acumulando denuncias de madres que buscan a unos hijos que les arrebataron sin su consentimiento al poco de nacer. Bebés oficialmente muertos, que en realidad crecieron bajo otra identidad. Ese niño, ahora adulto, se acordó que su familia hacía constantes viajes a Gibraltar y al municipio de La Línea, y agarró el teléfono. Un detective privado que colabora con algunas de las familias que han puesto su caso en manos de la Fiscalía, le atendió. En las próximas semanas se espera que esta persona cruce de nuevo ese charco para dejar una muestra de su perfil genético. Medio siglo después quizás resuelva el misterio que tanto le inquieta.

Éste es uno de los efectos que está teniendo una investigación que nació con mucho escepticismo entre la opinión pública, la Judicatura y la Fiscalía, y que está adquiriendo una dimensión inesperada. Centenares de casos han aflorado en todo el país. A diario surgen nuevos posibles afectados, dispuestos no solo a contar su historia en los medios de comunicación sino también a llevarla ante la Justicia para que dicte sentencia. El Congreso de los Diputados ha mostrado su apoyo para que estas víctimas no vean cómo de su sufrimiento nadie responde; el fiscal general ha ordenado a sus responsables territoriales que lleguen hasta el fondo de cada asunto; los sindicatos policiales se suman a esta ola y piden una investigación ágil y profunda.

El consenso parece estar cerca sobre la necesidad de no archivar sin más unas denuncias que hablan de un tráfico indigno de bebés, que según algunos testimonios, habría continuado en los años noventa. Y en este proceso, que podría estar llamado a hacer historia, Cádiz es una pieza fundamental.

Pioneros

El fiscal jefe del Campo de Gibraltar, Juan Cisneros, fue el primero en dar un paso adelante y abrir diligencias con una docena de casos de La Línea. Hace escasos días confirmó a LA VOZ que iba a presentar esta semana que termina la primera denuncia ante los juzgados linenses, en la que incluye los relatos de 25 posibles familias afectadas de la misma localidad. La bola sigue creciendo y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de La Línea tiene encima de la mesa otros cuarenta historias más por investigar.

En ese lado de la provincia, las pesquisas van más avanzadas porque esa veintena de denunciantes no solo han declarado sino también han prestado su ADN. Esa prueba es vital y tiene un poder inapelable. De su coincidencia o no se extraen conclusiones irrebatibles.

A través de esas pruebas genéticas, la Policía ha podido identificar a tres de esos bebés. El avance de las pesquisas que se realizan en la Comisaría linense es notable y ese primer hallazgo, adelantado por este medio días atrás, ha reactivado el sentimiento de esperanza entre aquellos que buscan desde hace años. Aún se desconocen los nombres de esos primeros niños que fueron en su día robados, pero el círculo se está cerrando.

La repercusión mediática ha sido esencial para que del escepticismo se pase a un verdadero interés por tratar de procesar a los supuestos responsables. En La Línea, epicentro de este asunto donde se destaparon los primeros testimonios, a la Policía le han llegado directamente denuncias de manos de las propias familias, sin que medie el fiscal. También han recibido a los primeros adultos que creen que fueron robados y que están dispuestos a esclarecer su pasado.

En completar cada puzzle que presentan los afectados, los agentes están contando con un colaborador externo. Un detective privado que fue contratado por dos hermanas, hijas de emigrantes andaluces en el País Vasco. Cristina y Flor Díaz fueron los primeros rostros de este drama. Las primeras que acudieron a los medios de comunicación para alertar que no eran las únicas que se habían encontrado con un supuesto hermano fallecido, cuya defunción no está registrada en el cementerio de La Línea adonde acudían todos los veranos a depositar unas flores. Si se suma la falta absoluta de documentos oficiales que atestigüen la muerte, las sospechas se iban haciendo más sólidas.

Ese profesional comenzó a indagar en ese caso y al final se vio envuelto por el aluvión de denuncias posteriores. Rafael Carrasco confirmó a este medio que a día de hoy tiene localizados a siete posibles bebés, entre los que está el adulto de 47 años que reside ahora en Estados Unidos.

En Cádiz, la fiscal jefe de la provincia, Ángeles Ayuso, aceptó la primera denuncia en julio pasado. Una familia de Vejer quería saber qué había ocurrido el 24 de septiembre de 1974 en las dependencias eventuales que tuvo el hospital de la capital (Zamacola) durante un periodo de reformas que concluyó con la inauguración del actual Puerta del Mar. Su bebé nació oficialmente con problemas y al día siguiente moría. Nadie vio el cadáver y 19 años después, cuando abrieron el ataúd para trasladarlo a otro camposanto, tan solo se encontraron con unas gasas.

Por esas fechas, la propia Ayuso respondía a los medios con mucha cautela. Aún no tenían claro si había caso o no por culpa de la prescripción de los posibles delitos que se habrían cometido. Algunas denuncias se remontaban a hechos que habrían ocurrido hace cuarenta años. Hoy en día, al menos la Fiscalía ha despejado esa duda, descubriendo una interpretación jurídica que hace posible seguir investigando.

La clave está en los llamados delitos continuados y en considerar a esos bebés víctimas de un secuestro. Ésa es la línea jurídica que plantea seguir el Ministerio Público en la provincia. Si bien, fuentes del mismo explicaron que cada territorio debe remitir sus conclusiones al fiscal general del Estado para que desde Madrid se dicten unas pautas comunes que sigan todas las fiscales, independientemente del lugar de procedencia de la denuncia.

Delitos permanentes

El Código Penal establece periodos de prescripción especiales para los delitos permanentes, que son aquellos que dan lugar a una situación dañosa o de peligro, que se prolonga en el tiempo por culpa del autor de esa conducta delictiva. En los razonamientos que maneja ahora el Ministerio Público se considera que a esos bebés, al arrebatarlos de sus familias biológicas, «les han privado de un valor jurídico fundamental» como es su propia identidad. Una identidad que no han recuperado con el paso de los años aunque vivan en aparente libertad. Para esos casos, el plazo de prescripción comienza a sumar años desde que se elimina la situación ilegal. Si esos adultos, antaño niños adoptados de forma irregular, siguen sin recobrar sus verdaderas raíces familiares, el delito se sigue consumando.

Ésa es la visión más progresista y abierta y, según fuentes consultadas por este periódico, a la que se habría sumado una figura esencial en este caso de dimensión nacional: el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido. Pero las supuestas tramas que se habrían lucrado con las adopciones irregulares aún no ha logrado el pleno consenso en todos los actores implicados en su esclarecimiento. Es más, tanto en la Fiscalía como en la Judicatura existen divisiones: hay quienes insisten en que de haberse cometido delito alguno, éste ya ha prescrito; mientras que otros apuestan por la lectura más abierta.

Aquellos que se oponen al procesamiento sostienen que la prescripción comienza a correr cuando los bebés alcanzan la mayoría de edad. La detención ilegal, donde no se solicita un rescate o algo a cambio por la víctima, está castigado con hasta ocho años de prisión. El secuestro, donde sí se reclama un intercambio, el Código Penal reserva penas de seis a diez años. Además, existen castigos añadidos como la inhabilitación -hasta doce años- si los implicados son funcionarios públicos. De llegar a sentarse en el banquillo de los acusados médicos o profesionales de la sanidad pública, se podrían enfrentar a esa doble condena. Si bien, hay algunos profesionales señalados que ya han muerto o que están retirados.

Sin embargo, hasta la fecha, solo se han producido reveses judiciales. Las pocas denuncias que han llegado a los juzgados en distintas provincias, han acabado de la misma manera: archivadas por falta de pruebas o por la tan debatida prescripción. Así ha ocurrido en Málaga, Sevilla y Cádiz. Sin embargo, en estas ultimas dos provincias los fiscales han recurrido el sobreseimiento.

Las pesquisas en la capital

Pese a que va unos cuantos pasos por detrás, la investigación que está realizando la UDEV de la Comisaría de Cádiz está avanzando igualmente. A diferencia del Campo de Gibraltar, los agentes solo están trabajando con las denuncias que le deriva la Fiscalía. Hasta ahora no hay ningún particular que se haya personado directamente en dependencias policiales. 21 son las denuncias oficiales recibidas por el Ministerio Fiscal, aunque no todas ellas ya están en manos de la Policía. En estos momentos trabajan con unas quince.

Fuentes de la Comisaría Provincial confirmaron a este medio que se enfrentan a una «larga y difícil tarea de investigación». Ya han sido llamados a declarar los primeros denunciantes, que en la práctica lo que hacen es ratificarse en lo que ya contaron ante el fiscal. La mayoría apenas tiene documentación de los nacimientos y posteriores defunciones; las fechas son muy dispares, al igual que los centros hospitalarios donde se habrían producido las supuestas sustracciones. No existe tanta coincidencia de datos como en La Línea, donde se repiten los nombres de los posibles médicos implicados o las personas que firmaron documentos personales, como los legajos de aborto, en calidad de conocidos de las familia. Cuando se les pregunta a esas madres por la persona que dio fe de la muerte de su neonato, aseguran con rotundidad que no los han visto en su vida.