Ahorro inmediato

La noticia de que el barril Brent llegó ayer a rozar los 120 dólares, y que el precio del litro de gasolina alcanzó en España 1,285 euros, ha extendido una sombra de inquietud sobre los efectos que los acontecimientos que se viven al otro lado del Mediterráneo pueden llegar a tener para la recuperación de las economías europeas, y en general para todos los países desarrollados. La tendencia alcista que cabía pronosticar para el precio del petróleo, debido fundamentalmente a la creciente demanda china, se ve agudizada en lo inmediato a causa de la inestabilidad política por la que atraviesan distintos países productores del norte de África y el mundo árabe y, sobre todo, por temor a que la contestación social se extienda en la región. La eventual caída de regímenes como el de Gadafi o cualquier otro autoritario plantea serias incógnitas sobre la situación a que podría dar lugar cada crisis y sus repercusiones en la explotación de los yacimientos; con la probabilidad de que las circunstancias -la voluntad de los nuevos gobernantes y los miedos de quienes teman ser derrocados- acaben imponiendo un sobreprecio en el mercado al crudo que se extraiga y se exporte. El ministro Sebastián fijó en 6.000 millones de euros el coste añadido que para la economía española supondría cada subida de 10 euros del barril de crudo. Una factura que no solo desequilibra nuestra balanza exterior, sino que repercutirá sobre el precio final de productos y servicios en un momento en el que la reactivación depende de las exportaciones y el consumo interno continúa retraído. Los riesgos de desabastecimiento incidirán, además, en el incremento del precio básico del combustible. En el corto plazo España no puede enfrentarse a esta nueva situación más que aplicando un plan de ahorro energético que, dando continuidad al programa establecido en el verano de 2008, sea aun más restrictivo. Pero el Consejo de Ministros de hoy no solo debería aprobar un plan de ahorro viable y de efectos inmediatos, sino que está obligado a avanzar en el establecimiento de una estrategia que definitivamente reduzca los niveles de dependencia energética que atenazan a la economía española.