El Gobierno se aferra a que el fraude de los ERE es cosa de cuatro sinvergüenzas

El Gobierno andaluz se aferra a que el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados por la Junta y en donde se han descubierto prejubilaciones falsas son cosa de unos «sinvergüenzas». «Nadie tiene un sistema infalible contra quienes quieren cometer fraude», afirmó el consejero de Empleo, Manuel Recio, ayer en el Parlamento. Tanto su intervención como la de la consejera de Presidencia, Mar Moreno, luego, estuvieron volcadas en defender a capa y espada la legalidad de los procedimientos de la Junta en la concesión de las ayudas para despidos y prejubilaciones -c uestionados por la investigación policial-, en la diligencia de la Junta para colaborar con la Justicia y en la honorabilidad de los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández.

La oposición, por su parte, no sólo puso interrogantes sobre la responsabilidad política de los ex consejeros, sino que, en el caso del portavoz del PP, Antonio Sanz, insistió durante su turno en apuntar más alto. «Es imposible que el procedimiento para dar tanto dinero (647 millones en ocho años) se haya manejado sin el consentimiento de los señores Chaves, Griñán y Zarrías, son la X, la Y y la Z de este gran escándalo», reiteró Antonio Sanz.

Era la primera explicación en el Parlamento del Ejecutivo de Griñán tras destaparse la trama para colocar a 'intrusos' en los ERE. Hasta ahora se han descubierto 39 prejubilaciones falsas, pero hasta la misma Junta no descarta que sean más.

Recio habló sereno, pero contundente. Aludió varias veces a su condición de socialista, al orgullo de serlo, a la tradición de «honradez» de este partido, citó a uno de sus históricos, Julián Besteiro y a Antonio Machado. Todo en el transcurso de una intervención «didáctica», como el mismo definió, para explicar el procedimiento de las ayudas a los ERE, enfatizando que estuvieron sujetas a un «control financiero permanente», recordando el carácter social de las subvenciones y sosteniendo que la Junta va a colaborar para que se llegue hasta el fondo, «con todas las consecuencias». «El que la hace, la paga», advirtió.

Manchados

Diego Valderas (IU), primero, y luego Sanz (PP), insistieron en reclamar una comisión de investigación y en exigir responsabilidades políticas. En su escaño, José Antonio Viera, atendía con gesto sombrío. Aunque Recio ha dado marcha atrás -llegó a decir la pasada semana que ni temía «ni dejaba de temer» si el caso alcanzaba a sus predecesores- ayer le defendió. Valderas dijo que se trata de algo más que de «limpiar la era de sinvergüenzas», ya que, en su opinión, hay que asumir responsabilidades. «Viera y Fernández están ya manchados», acotó.

En un tono más duro, Sanz manifestó que ha habido «un saqueo del dinero de los parados con la responsabilidad de los gobernantes», recordando que el ex director general de Trabajo imputado por la policía en la trama, Javier Guerrero, estuvo nueve años bajo las órdenes de tres consejeros y que por tanto no era un director cualquiera. Sanz insistió en relacionar la trama con el PSOE, apuntando no sólo que entre los intrusos hay varios ex cargos socialistas, no sólo el del ex director general. «No nos tome por tontos, el nexo común son las siglas del PSOE, asuman responsabilidades», espetó.

El portavoz socialista, Ángel Gallego, Mar Moreno y el mismo Recio acusaron al PP de tomar la parte por el todo y de decir «verdades a medias» sólo con el objetivo de dañar a los socialistas. «Su código es este: se es inocente hasta que se demuestra que se es socialista», dijo Gallego. «Quieren una comisión de investigación y han montado una comisión de difamación, mienten a toda España», se lamentó Moreno, cuya intervención para explicar las prioridades del Gobierno este año también se centró en los ERE.

«¿Quién le dice a usted que entre los intrusos no haya un militante del PP, o que no haya irregularidades en los ERE que firmó el señor Arenas cuando era ministro?», aventuró a decir Recio.