Acuerdo trascendental

El preacuerdo alcanzado entre el Gobierno de Rodríguez Zapatero y los sindicatos CC OO y UGT para la revisión del sistema de pensiones permite asegurar el mantenimiento a largo plazo de la Seguridad Social y restablece el principio de realidad sobre el que ha de conducirse el diálogo social para introducir los cambios precisos en la negociación colectiva o en la política industrial. La coincidencia expresada por la CEOE -dado que la prolongación de la vida laboral compromete directamente a las empresas- y la disposición mostrada por el PP para sumarse al acuerdo confiere a los resultados de la negociación entre el Ejecutivo y las centrales sindicales una especial trascendencia respecto a la recuperación de la confianza interna y de la credibilidad económica de España. Los sindicatos liderados por Toxo y Méndez se han percatado de que la conversión de la edad legal de jubilación a los 67 años en una cuestión tabú les empujaba a un callejón sin salida. Es imposible crear empleo sin reactivar la economía, y es absurdo pensar en que esta pueda recuperarse sin los ajustes y las reformas que precisa para afrontar los retos de la internacionalización y los requerimientos financieros. La reforma del sistema de pensiones constituye una necesidad de futuro para asegurar su viabilidad y una demanda del presente para acreditarse ante los mercados como un país decidido a acompañar a las economías centrales de la Unión. El compromiso de los sindicatos con la reforma era insoslayable para ellos mismos y necesario para la estabilización del sistema. Además, el punto de encuentro alcanzado no resta calado al cambio pretendido por el Gobierno.

Al retrasar la jubilación legal hasta los 67, exigir la cotización durante 38 años y medio para retirarse a los 65 o posponer hasta los 63 las jubilaciones anticipadas, la reforma prevista describe un cuadro que a muchos ciudadanos les parecerá inalcanzable o extenuante como perspectiva de vida. Es comprensible que toda modificación en el sistema de pensiones sea percibida por cada trabajador como algo que le afecta tan personalmente que resulta difícil que atienda a argumentos relativos a la pervivencia del sistema a medio y largo plazo. Corresponde especialmente a Comisiones y a UGT explicar que es de esto último de lo que se trata. La defensa a ultranza de la situación actual como conjunto de derechos inalterables supondría la quiebra ineludible de la Seguridad Social; de tal manera que en realidad esos derechos quedarían invalidados en el plazo de unos pocos años. La sociedad española es partícipe de una cultura que en los últimos tiempos se ha vuelto especialmente proclive a la búsqueda del disfrute inmediato, por lo que puede sentirse desconcertada ante una reforma institucional que emplaza a la ciudadanía a una previsión tan a largo plazo. Pero es a lo que obligan tanto el incremento de la esperanza de vida como los desafíos de la globalización. La reforma constituye una llamada al inicio cuanto antes de la vida laboral precisamente en el momento en que la tasa de desempleo entre los jóvenes ensombrece sus expectativas. De igual modo que representa un aviso dirigido a los trabajadores del régimen general y a los autónomos para que complementen sus cotizaciones al sistema público con planes de ahorro particulares. Dos respuestas sociales que precisan ineludiblemente de un crecimiento sostenido al que, además, contribuirían. Lo que resulta demagógico es argüir, como lo hace la contestación de izquierdas, que la reforma favorece el interés de las entidades que se lucran de opciones privadas de pensiones, porque esa sería la consecuencia directa de la quiebra de la Seguridad Social.

El preacuerdo establece las bases para la sostenibilidad del sistema. Su desarrollo a partir del texto que hoy apruebe el Consejo de Ministros deberá procurar el máximo consenso social y político. Pero sobre todo es imprescindible que el Pacto de Toledo continúe velando por su actualización, puesto que el equilibrio futuro entre cotizaciones y pensiones seguirá dependiendo de la evolución de la economía y de la demografía española.