El juez ordena expedientar a Chaves por las ayudas a la empresa de su hija

El PP ganó su primera batalla judicial contra Manuel Chaves a cuenta de la subvención otorgada a la empresa en la que trabajaba su hija. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó al Ejecutivo regional que abra un expediente sancionador contra el expresidente de la comunidad por participar en la reunión del Consejo de Gobierno que aprobó la concesión de una ayuda millonaria a la empresa minera Minas de Aguas Teñidas S. A. (Matsa), y estimó que la Junta actuó de forma «arbitraria» al archivar el asunto sin una mínima verificación.

El Tribunal Supremo había cerrado la vía penal de la causa por la subvención a la hija de Chaves, pero el PP andaluz decidió apelar a la vía administrativa ante el, a su juicio, «daño» causado a la Administración y pidió la nulidad del acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se archivó la demanda presentada por la oposición. La Junta de Andalucía decidió no abrir expediente al expresidente autonómico por entender, en virtud de un informe de la Inspección General de Servicios, que no se había vulnerado la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración porque el Consejo de Gobierno «no podía ni debía conocer» la participación de Paula Chaves en Matsa.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Andalucía puso en duda la regularidad de esa actuación y estimó que la decisión del archivo no debía apoyarse solo en unos informes «interpretativos» de la Inspección de Servicios ya que la queja presentada por el PP «tiene una gravedad evidente» y exigía «una mínima investigación y comprobación».

El tribunal, además, insiste en que lo trascendente no era si la Administración tenía conocimiento de la relación contractual entre la empresa y Paula Chaves, sino si su padre conocía dicha relación cuando presidió el Consejo de Gobierno que concedió la subvención de 10,1 millones de euros a Matsa. Algo que considera probado al apuntar que la participación de la joven en la empresa se inició en julio de 2007 y que padre e hija incluso coincidieron en la reapertura de la mina en noviembre de ese mismo año. Considera, por tanto, que la investigación debía centrarse en esos hechos, y no «en una mera interpretación jurídica del precepto». La Junta, por tanto, actuó de forma «arbitraria e injustificada», según la máxima instancia judicial andaluza.

El fallo cuenta, no obstante, con un voto particular de un magistrado, que apunta a que el Consejo de Gobierno actuó de forma «motivada» y que se practicaron las actuaciones previas «suficientes, razonables y proporcionadas».

Recurso

A este voto se aferró ayer la portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Presidencia, Mar Moreno, para anunciar el recurso contra la decisión del Tribunal Superior porque se actuó «con arreglo al procedimiento administrativo».

El presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, resaltó en cambio la «trascendencia e importancia» del fallo judicial porque significa que ciertos abusos seguirán siendo investigados. Asimismo, acusó al presidente andaluz, José Antonio Griñán, que presidió el 31 de julio de 2009 el Consejo de Gobierno que aprobó el archivo, de tratar de impedir la investigación.

Arenas señaló que espera que la Junta de Andalucía cumpla con la sentencia judicial y empiece a investigar de inmediato.

También el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, defendió que la Junta deberá ser «respetuosa» y cumplir las decisiones del tribunal. Valderas alegó, en declaraciones a la agencia Europa Press, que Griñán debería asumir que el TSJA «es el órgano máximo de Justicia y que la Justicia es igual para todos» y señaló que si ha tomado esa decisión «será porque considera que ha habido elementos de comportamiento irregular», aunque admitió que el gobierno autonómico está en su derecho de plantera un recurso.