Peligra el pacto antitransfuguismo

Hoy se reúne la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, firmado en julio de 1998 bajo los auspicios de Mariano Rajoy, ministro de Administraciones Públicas en aquel momento, y bien pudiera suceder que, si no cunde la cordura, este acuerdo, que ha tenido gran importancia para la salud democrática de este país, saltase por los aires. El PP argumentará que la decisión del PSOE de incluir al actual alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, en sus listas municipales convierte en papel mojado aquel acuerdo de Estado. Efectivamente, el escándalo de Benidorm, donde el PSOE tomó el poder gracias al cambio de bando de un tránsfuga del PP, es de los que ponen a prueba las escasas convicciones morales de sus protagonistas. El hecho de que Manuel Chaves, presidente del partido y de la comisión de seguimiento del pacto, se opusiera inútilmente a la designación de Navarro agrava todavía más la envergadura de la corruptela. Pero en sentido simétrico hay escándalos semejantes en la zona: el PP gobierna torticeramente en Villajoyosa y Denia. Y es que el escándalo de Benidorm no es el único. En la actual legislatura, el PP ha logrado hacerse con 17 alcaldías gracias a tránsfugas, mientras que el PSOE ha ganado doce. Los socialistas han perdido el poder en 24 ayuntamientos y los populares en siete. Hoy se presentarán nuevas denuncias de transfuguismo y, al parecer, Chaves podría proponer un trágala: eliminar de las listas a todos los candidatos considerados tránsfugas por la comisión. Sea como sea, los grandes partidos tienen la obligación de buscar un arreglo que evite transmitir a la sociedad el fracaso de un mecanismo de contención de la inmoralidad pública, que ha conseguido reducir a un porcentaje mínimo las irregularidades de esta índole. Y que ha inspirado normas que abundan en el camino de la regeneración democrática. Así por ejemplo, PP y PSOE acordaron hace meses restar valor a los tránsfugas mediante una modificación en la ley electoral. Tal reforma, aprobada ya por el Congreso y ahora en trámite en el Senado, obligará a que la mayoría absoluta necesaria para hacer prosperar una moción de censura municipal sea de la mitad más uno más tantos votos como tránsfugas se registren. No sería, en fin, de recibo que quedaran cancelados todos estos esfuerzos.