El TSJA vuelve a anular el PGOU de Prado del Rey tras rehacerlo

Nuevo varapalo a la ordenación urbanística del municipio. La sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha vuelto a anular el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Prado del Rey. Éste fue aprobado en diciembre de 2008 por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Cpotu).

La sentencia, a la que ha tenido acceso LA VOZ, estima el recurso presentado por Ecologistas en Acción y deja sin efecto el texto aprobado. No obstante, la misma asegura que no entra en el fondo del mismo sino que se queda sin valor por no haberse cumplido los trámites de información. Ésta recuerda que una vez que se declaró nulo el PGOU, por primera vez, el documento se debe de elaborar de nuevo y cumplir con todas las fases de elaboración y publicación y «no puede circunscribirse a aquellos aspectos que determinantes de su inseguridad, ocasionaron la estimación del recurso».

Tercera vez

La organización proteccionista destaca que esta es la tercera vez que se rechaza el PGOU porque «es un compendio de ilegalidades». La primera anulación fue a instancias de un particular y las otras dos tras recursos de los ecologistas. Mientras que el regidor de Prado, Fernando Pérez (PSOE), destacó que, a pesar de que no le han notificado la sentencia, la misma «no entra en el fondo del PGOU y entendemos que se trata de una cuestión de forma», añadiendo que «nosotros llevamos a cabo la publicación total del nuevo PGOU pero, no obstante, si nos piden que volvamos a publicar lo haremos».

Pérez asegura que no se ha rechazado tres veces el PGOU, como destacan los ecologistas, sino que «en el primer documento de planeamiento se rechazó el propio PGOU y, posteriormente, el texto refundido, como era lógico». Además, aseguró que los abogados del Ayuntamiento han realizado un requerimiento al Tribunal para que «nos digan qué debemos cumplir porque la sentencia es ambigua».

Los ecologistas recuerdan que presentaron numerosas alegaciones al PGOU advirtiendo que «era ilegal y ambientalmente inviable». El Ayuntamiento las rechazó, entienden que sin justificación de ningún tipo, y «ahora está pagando las consecuencias».