La patronal y los convenios

El canon digital, con el que la mayoría de los Estados de la UE tratan de compensar las pérdidas experimentadas por las entidades gestoras de los derechos de autor a causa de las nuevas tecnologías, es una figura manifiestamente injusta y abusiva porque, pese al objetivo plausible que dice pretender, mide a todos los usuarios de los dispositivos de copiado por el mismo rasero, sin diferenciar al pirata que copia contenidos protegidos para lucrarse del que no obtiene beneficio alguno o, simplemente, utiliza los soportes para almacenar datos o contenidos no protegidos. No es, pues, extraño que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya emitido, a requerimiento de una empresa española, una sentencia ambigua, que si bien admite la existencia del canon -el impuesto que se aplica a la compra de todos los equipos, materiales y soportes de grabación y reproducción digital-, declara que el actual sistema es un abuso y no cumple la directiva comunitaria en materia de derechos de autor. Consecuentemente, ha dictaminado que solo puede cobrarse a particulares, y no es en cambio de aplicación a empresas y administraciones, que deben quedar exentas. Extrañamente sin embargo, no extrema los criterios de rigor jurídico al no considerar necesario «verificar» si las personas que adquieren tales equipos los utilizan para copiar contenidos protegidos. La SGAE recaudó por el canon 90 millones de euros en 2009, lo que da idea de la envergadura del 'negocio', que ahora se tambalea. Esto debería estimular la búsqueda de medios más realistas de proteger los derechos de autor, sin los cuales desaparecería en gran medida la creatividad. Parece claro que la dudosa licitud de los controles actuales es un auténtico estímulo al pirateo, tan difícil de controlar si no se cuenta con la cooperación leal de los internautas. De donde se desprende que las industrias culturales que se ven afectadas por la facilidad de comunicación que ofrece Internet deberían extremar su ingenio para conseguir otras formas de subsistencia, como ya han hecho importantes empresas trasnacionales que comercializan con éxito audio y vídeo. De lo contrario, si no se actúa con prontitud, la música, el cine y la literatura pueden experimentar daños irreparables.

La CEOE, presidida todavía por Díaz Ferrán, ha hecho pública su propuesta a los sindicatos para reformar la negociación colectiva. Aunque se pretendía aplazar esta toma de postura hasta después de la renovación de la patronal, el hecho de que el plazo para la negociación termine en marzo ha precipitado tal publicación. El objetivo de la patronal es conseguir que se facilite el 'descuelgue' de los convenios, y no solo en materia salarial, cuando la situación de la empresa lo requiera. Esta posibilidad ya existe en la reforma laboral, pero requiere intervención judicial. Además, los empresarios quieren limitar la eficacia de los convenios a su término -la llamada ultraactividad, por la que continúan vigentes tras cumplir el plazo- ya que este criterio puede «fosilizar» la negociación. Tras la falta de sintonía en la reforma laboral, no será fácil que los agentes sociales logren acordar esta cuestión vidriosa, de la que depende la flexibilidad del tejido empresarial y, en muchos casos, la capacidad de las empresas para sobrevivir a una caída dramática de la demanda. Pese a todo, si el interés es el mismo -el fortalecimiento de las empresas para que puedan luchar contra la adversidad-, deberían intentar el consenso a toda costa. Sería una prueba de madurez.