Vuelven a archivar las acciones contra los tres alcaldes por el caso Jerecom

Era febrero del año 2009. Los acreedores de la constructora Jerecom, que quebró en 2007 dejando en la ruina a decenas de proveedores, denunciaban en los juzgados a las empresas administradoras por un presunto delito de «fraude de ley». Pero no satisfechos, querían llegar hasta el final y sus acciones judiciales se dirigieron también contra Pedro Pacheco (PSA), María José García-Pelayo (PP) y Pilar Sánchez (PSOE), los tres últimos alcaldes de Jerez. El motivo, que podrían haberse cometido presuntas «irregularidades» (adjudicaciones a dedo) en el periodo en el que gobernaron. «Pueden haber incurrido en un delito de prevaricación, aunque no sea éste el único», sostenía entonces Francisco Pérez Vera, representante legal de los afectados.

Desde entonces, el caso ha sufrido numerosos vaivenes. Primero, el varapalo en el pasado mes de abril, cuando el Juzgado de Instrucción Número 1 de Jerez acordaba el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa contra los tres alcaldes y el delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol. El magistrado justificó que no había indicios que evidenciaran la existencia de prevaricación en la adjudicación de obras a la empresa.

Luego, el estado de ánimo de los acreedores pasaba a la euforia: la Audiencia Provincial estimaba el recurso presentado, lo que permitiría seguir investigando la presunta implicación de los responsables políticos en el caso Jerecom. Apenas un día después, el 30 de julio, el Juzgado de Instrucción Número 1 volvía a acordar el archivo de la causa. La decisión de los afectados, lógicamente, ha sido recurrir de nuevo, por lo que están otra vez a la espera de la respuesta de la Audiencia Provincial.

Obstrucción de expedientes

La defensa, ejercida por el letrado Francisco Pérez Vera, insiste en los mismos argumentos presentados anteriormente. Partiendo de que la decisión judicial es «contraria a derecho y perjudicial para los intereses de los demandantes», hace hincapié en varios aspectos. En primer lugar, el letrado llama la atención sobre el hecho de que los sucesivos responsables municipales se hayan cruzado «graves acusaciones» al respecto, pero a la vez hayan obstruido el conocimiento de los expedientes cuestionados.

Un claro ejemplo, se recuerda en el escrito presentado por Pérez Vera, es que el juzgado tuvo que apercibir al Ayuntamiento para que informara sobre las posiciones acreedoras y deudoras que Jerecom mantenía con la extinta GMU.

Contratos irregulares

El abogado de los acreedores también ve indicios de «ilegalidad manifiesta» en materia de contratación. El escrito subraya el excesivo volumen de obras que se concentran en la constructora Jerecom entre los años 2004 y 2007: «No es de 44 obras de las 300 que dice haber contratado el Ayuntamiento (...) asciende a nada menos de cien». A todo ello hay que sumar: indicios de inexistencia de los preceptivos certificados de existencia de crédito en la aprobación del gasto; y también de fraccionamiento del objeto de los contratos «para eludir los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma de contratación que corresponda».

El escrito incluye amplia documentación de todo lo expuesto. También hace hincapié en la ausencia de práctica de las necesarias diligencias, al no tomarse declaración a los denunciados.

Toma de declaración

Además de los responsables políticos, la denuncia que en su día interpusieron los afectados por la quiebra de la constructora también va dirigida contra 17 empresas, aunque otras personas y sociedades también pudieran estar implicadas.

En este sentido parece avanzar más el caso Jerecom, ya que se ha acordado que el próximo día 28 tengan lugar en el juzgado las declaraciones de dos personas. Algo con lo que se pretende arrojar más luz sobre todo este asunto.