Apuestas por Internet

El informe técnico del ministerio de Industria, que sitúa a la localidad valenciana de Zarra a la cabeza de los municipios que se postularon para albergar el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares, no fue suficiente para que el Consejo de Ministros adoptase una decisión definitiva en su reunión de ayer. La oposición de la Comunidad Valenciana, coincidente con la mostrada por las demás autonomías concernidas por el proceso de adjudicación, obligó al Gobierno a recabar el estudio sobre las consecuencias de un previsible litigio judicial que le enfrentase a la Generalitat. Resulta tan sorprendente como significativo que los criterios del ministerio de Miguel Sebastián no hubiesen sido contrastados previamente con las cautelas aparentemente jurídicas expuestas por la vicepresidenta De la Vega. Pero el problema va mucho más allá de las dificultades que muestra el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero para adoptar decisiones ante cada tema espinoso. Aun en el caso de que el Gobierno haga prevalecer sus atribuciones para concertar con el ayuntamiento de Zarra, con el de Ascó o con el de cualquiera de los municipios aspirantes, la ubicación del ATC, y contando con los efectos que sobre tal decisión pudiera comportar un conflicto inter-institucional, las desavenencias están favorecidas por la falta de un consenso general y activo en torno al futuro energético y por la elusión gubernamental del debate sobre el papel que podría desempeñar la energía nuclear. Es más que razonable que los residuos provenientes de las distintas centrales e instalaciones que en España recurren a lo nuclear sean centralizados en un almacén que reúna las máximas garantías de seguridad y se convierta en centro propicio para la investigación. Especialmente si las instituciones se decidieran a dar una oportunidad al desarrollo de la energía nuclear en un mundo que aboga por la sostenibilidad y teniendo en cuenta que las fuentes de energía renovable no estarán en condiciones de responder a la demanda energética durante décadas. De lo contrario el Gobierno podría verse obligado a desistir del proyecto de instalación de un ATC para potenciar almacenes particulares en cada central nuclear, aunque fuese a mayor coste.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de la Ley del Juego que pretende modernizar el sistema actual mediante la conversión del organismo Loterías y Apuestas del Estado en una sociedad empresarial -lo que permitirá la participación del sector privado-, reforzar la protección de los consumidores y utilizar todas las herramientas, las cautelas y las garantías de la sociedad de la información. La principal novedad de la norma en ciernes, que había sido reclamada por consenso por todos los grupos parlamentarios, es precisamente que regulará también el juego practicado en la Red, que podría representar más de 200 millones de euros anuales. A este fin, la ley tratará de impedir las estafas y el blanqueo, al tiempo que impondrá las medidas que permitan vetar el acceso a las páginas de apuestas a los casi 40.000 ciudadanos que, por su adicción al juego, han solicitado que no se les permita acceder a los juegos de azar. Este control resultaba evidentemente necesario, tanto para garantizar la seguridad de los usuarios de la Red, cuanto para someter esta actividad a una fiscalidad apropiada, poniendo así fin a un vacío legal que provocaba competencia desleal.