El contrato del alcantarillado en La Isla continúa sin salir a licitación

Hace casi un año el pleno se dio tres meses para conceder la nueva plica de los servicios de limpieza y mantenimiento del alcantarillado toda vez que la anterior adjudicataria, sospechosa de un presunto fraude por doble facturación realizada a vecinos y al Ayuntamiento, ha dejado de operar en la ciudad y la faena ha sido adjudicada provisionalmente a la empresa Aquagest Sur.

Tras ese tiempo las cosas no han cambiado y el contrato que contendrá las mejoras reivindicadas por los operarios, según anunció el Consistorio, sigue sin ver la luz. De este modo mes tras mes se ha mantenido un servicio bajo la fórmula de 'provisional' que se ha convertido en casi permanente (cumple ya once meses) y que no es suficiente para las necesidades de la ciudad en esta materia.

Tras las duras protestas y manifestaciones de los trabajadores las aguas se calmaron al decidir la plantilla dar un voto de confianza al Ayuntamiento. Una licencia que se agota según pasan los días sin que se revierta la situación actual. Los técnicos de Desarrollo Sostenible le realizaron en el Sercla (servicio andaluz de intermediación entre trabajadores y empresas). Una promesa que afirmaba que en junio el pliego de condiciones para sacar a licitación la plica estaría listo. Según exponían fuentes municipales tan sólo quedaba la redacción de un documento por parte de la secretaria del Ayuntamiento, pero el trámite se ha convertido en algo eterno y ya tendrá que esperar a septiembre para ser aprobado por pleno, pues en agosto no ha sesiones de debate político.

Todo ello mientras los socialistas siguen detrás de las cuentas del servicio sin entender la razón de que el Ayuntamiento no haya ido a la Justicia para denunciar el supuesto fraude realizado por la anterior adjudicataria que se elevaría a más de 600.000 euros. Sobre todo cuando ya ha sido sancionada por tales actividades.

Un asunto del que aún queda muchas incógnitas por resolver y que pone de manifiesto el escaso control administrativo que se ha realizado en algunos servicios. Como por ejemplo están los informes del interventor sobre las excesivas certificaciones de obras y como no el robo de 7,9 millones de euros de la caja municipal.