Interior ordenó a la Policía detener a Ripoll sin tener el permiso del juez

La 'operación Brugal' contra una supuesta nueva trama corrupta en la Comunidad Valenciana que salpica al PP amenaza con convertirse en un escándalo más allá de la mera investigación penal. Lo que es seguro es que ya es un embrollo jurídico y político considerable. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana aseguró ayer que ningún juez autorizó «de forma expresa ni tácita» la detención de las once personas que fueron arrestadas el martes -entre ellas, el presidente de la diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll- en una macro operación policial de la Brigada de Blanqueo de Capitales. Es más, según la Justicia valenciana, que acusa a Interior de haber ninguneado al instructor del caso, todavía ni siquiera hay cargos penales contra los nuevos arrestados, a pesar de que el Ministerio informó de que a los detenidos «se les imputa» hasta cinco delitos relacionados con corrupción.

La confusión sobre la operación fue tal que el TSJCV llegó a emitir ayer dos notas oficiales (una por la mañana y otra por la tarde) que cayeron como un mazazo en el Ministerio del Interior.

«NO (en mayúsculas) existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna», afirmó en un comunicado el tribunal, que dijo hablar en nombre del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, que coordina las investigaciones. Luego, el tribunal matizó en otra nota: «La policía puede practicar una detención en cualquier momento si lo considera oportuno en el transcurso de una investigación». «No se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas», aseguró el juzgado. Nada que ver con la información, igualmente oficial, que facilitó el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, que afirmó que a los once detenidos «se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento», aunque en ningún momento precisó quién le acusa de esos delitos, dado que ninguno de los detenidos el martes fue puesto a disposición del juez, el único que puede hacer una imputación.

En la segunda nota aclaratoria, el Superior de Valencia, además, se quejó sin ambages de que la Policía se ha dedicado, por su cuenta y riesgo, a citar en el juzgado a los imputados, ninguneando al juez de Orihuela. Los funcionarios, reconoció el TSJ valenciano, pueden citar a los detenidos para que comparezcan ante su señoría, pero es que Interior ni siquiera había informado «directa u oficialmente» sobre «el número de personas detenidas, ni de su posterior puesta en libertad, ni de las fechas de sus comparecencias en el juzgado».

Por la prensa

El juez aseguró haberse enterado por los «medios de comunicación» de la agenda que le había fijado la Policía (el interrogatorio de cinco detenidos hoy y seis el domingo) y reveló que sólo en la tarde de ayer Interior se dignó a comunicarle «verbalmente, aunque de manera no oficial» los pormenores de la operación que, en teoría, había dirigido él mismo.

El malestar por la información facilitada por Interior de una operación sobre la que pesa el secreto del sumario fue también ayer patente en el tribunal superior de Valencia. La justicia de esa comunidad acusó además directamente a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil de ir por libre y saltarse el secreto judicial. «No existe autorización expresa ni tácita a la oficina judicial al Ministerio Fiscal ni a la Policía Judicial, entendidos en un sentido amplio, a proporcionar información sobre estas actuaciones por evidente riesgo de desvirtuar el secreto de las mismas y el respeto que debe observarse a los derechos y garantías constitucional y legalmente establecidos, que se reconocen a los afectados por tales actuaciones», apunto el TSJCV.

La respuesta de Interior fue el silencio. No hubo explicaciones oficiales desde el departamento de Pérez Rubalcaba. Sin embargo, responsables del Ministerio aseguraron que las órdenes de detención partieron de la Fiscalía Anticorrupción y que, en cualquier caso, la Policía siempre puede practicar la detención de un sospechoso, sin la necesidad de una autorización previa del juez que dirige las pesquisas.

Enfado ministerial

En cualquier caso, el propio Alfredo Pérez Rubalcaba mostró su enfado durante la mañana de ayer con sus más cercanos colaboradores por el hecho de que la Policía Nacional no aclarara expresamente en su comunicado que estaba operando bajo las órdenes de la Fiscalía.

Desde Anticorrupción, si cabe, se complicó aún más el embrollo. La Fiscalía, en contra de lo que afirmó Interior en su nota («detenidos»), aseguró que no hubo detenciones como tales, sino «toma de declaración» de los responsables de esos inmuebles en los que se practicaron los 19 registros. Ni Anticorrupción ni Interior aclararon por qué a los once arrestados se les trasladó a comisaría y se le tomaron las huellas sólo para entregarles una citación judicial.