Sentencias a acatar

La sentencia del TC sobre el 'Estatut' tiende a convertirse en tema de confrontación partidaria antes de que se conozca su contenido preciso e independientemente del mismo. Lejos de tomar postura sobre el veredicto atendiendo a su alcance jurídico y a las consecuencias sobre el futuro del Estado de las autonomías, tanto los partidos de ámbito nacional como las formaciones catalanas están valorando la resolución del Constitucional movidos sin duda por sus respectivos intereses electorales. Es cierto que la manera de proceder del presidente Rodríguez Zapatero ha vuelto a quedar en entredicho en la controvertida peripecia que se ha seguido para la reforma del Estatuto catalán, que él alentó en un principio para desentenderse de su suerte final. Como también es verdad que el propósito de Mariano Rajoy de «pasar página» tras la sentencia refleja el poco interés que para los populares tiene afrontar los comicios autonómicos en Cataluña recordando que fueron ellos quienes recurrieron el Estatut. Pero los reproches cruzados entre PSOE y PP a cuenta de la sentencia en nada contribuyen a que ésta prevalezca como razón última del Estado constitucional. Aunque sobre todo compete a las formaciones catalanas medir los términos en los que manifiestan su disgusto. La conclusión a la que dice haber llegado Artur Mas, señalando que lo sucedido rompe con el pacto constitucional y obliga a los catalanes a explorar su propia vía para hacer realidad el «derecho a decidir», resulta demasiado grave como para emplearla a modo de gancho electoral. Porque no sólo expone una visión reduccionista de la propia participación de CiU en el consenso constituyente, presentándola como una especie de compromiso interterritorial entre Cataluña y una España de la que no formaría parte; además, no parece conceder otra salida a la situación generada que a través del distanciamiento progresivo entre la Generalitat y el Estado constitucional. Una lectura partidaria del 'Estatut' que podría volverse más drástica cuando el TC se pronuncie sobre los recursos pendientes del Defensor del Pueblo y de cinco autonomías. Esta sería una razón añadida para que las formaciones políticas no se alejasen en sus consideraciones del contenido jurídico de la primera sentencia que redacta el Constitucional sobre el 'Estatut'.