Moderación en el 'Estatut'

El fallo del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña supone un innegable revés para determinadas aspiraciones que los promotores de la reforma estatutaria depositaron en su texto, como el rango interpretativo que querían darle al concepto nación, la creación de un Consejo propio del poder judicial, la prevalencia de la lengua catalana o algunos aspectos relacionados con el sistema de financiación. Pero ello en ningún caso justifica que dirigentes políticos con responsabilidades institucionales se refieran al veredicto del Alto Tribunal sobre una ley orgánica refrendada como causa de un distanciamiento e incluso de un desgarro «entre Cataluña y España». Montilla y Mas no deberían dejarse llevar por el competitivo marcaje que las formaciones catalanas realizan mutuamente en vísperas de los comicios autonómicos, hasta el punto de animar movimientos que pudieran adquirir un sesgo soberanista, como es el caso de la manifestación convocada para el próximo sábado bajo el lema 'Somos nación'. El Gobierno de la Generalitat está en su derecho de mostrar sus discrepancias en relación con la sentencia del TC, e incluso de tratar de paliarlas mediante iniciativas que afiancen el marco autonómico consagrado por el 'Estatut'. Pero para ello es necesario que Montilla encauce el debate hacia las instituciones, presentando cuanto antes en sede parlamentaria su propio dictamen sobre el alcance jurídico de la resolución del Constitucional y sus efectos en la normativa desarrollada durante los cuatro años que lleva en vigor el nuevo estatuto. Siendo razonable que la definición última de las medidas que la Generalitat pudiera adoptar para asegurarse el máximo de autonomía a partir de su propia lectura de la sentencia se posponga para después de los comicios, es fundamental que la campaña electoral no avive una subasta pública de iniciativas que irremisiblemente acabarían diseñándose al margen de las reglas del juego constitucional. Del mismo modo, Zapatero debería presentar ante el Senado, o en el marco de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, un informe preciso sobre las consecuencias que la sentencia del 'Estatut' tendrá para las demás comunidades, tanto porque establece un techo para su autogobierno como porque podría invitar a la generalización de aquellas atribuciones que no se han visto recortadas por el TC.