Los partidos ingresaron casi 200 millones de ayudas públicas

Las fuerzas políticas percibieron 193 millones de euros de las diferentes administraciones públicas en concepto de subvenciones electorales y para gastos de funcionamiento y de seguridad. Así se recoge en la última memoria del Tribunal de Cuentas presentada ayer ante la Comisión Mixta Congreso-Senado y que corresponde al ejercicio de 2006. De esta suma, 184,5 millones correspondieron a los partidos con representación en las Cortes Generales, y los dos partidos mayoritarios acapararon el 72% de estos recursos.

En mitad del debate sobre la propuesta de Mariano Rajoy de recortar las subvenciones a los partidos y de suprimir los gastos de precampaña, el órgano fiscalizador presentó un detallado informe en el que los socialistas, con más de 72 millones de euros, son los más beneficiados por las arcas públicas como consecuencia de su mayor representación en las instituciones. La cifra, de todos modos, es engañosa puesto que se contabilizan por separado las finanzas del PSOE, que ingresó 62,5 millones, y del Partit dels Socialistes de Catalunya, 9,6 millones.

Hecha esta diferenciación, el PP es la fuerza que percibe más recursos del Estado, con 65,6 millones de euros. El grueso procede de los 25,5 millones que asigna el ministerio del Interior, 24,3 para gastos de funcionamiento y 1,2 para seguridad.

El resto se desglosa entre la aportación de las Cortes, 5,5 millones; 19,2 millones de las distintas asambleas legislativas autonómicas; y 14,7 de las corporaciones locales, junto a otras aportaciones menores.

El PSOE también cobró 25 millones de euros de Interior para sus gastos corrientes y de seguridad y 22,3 millones de las Cortes y de las asambleas legislativas de las diferentes comunidades, así como otros 14 millones de las corporaciones municipales. Los socialistas catalanes desglosan sus ingresos públicos con cuatro millones recibidos de Interior y otros tantos millones del Parlamento de Cataluña, el resto son aportes de corporaciones locales.

Socialistas y populares acapararon asimismo casi la totalidad de la partida destinada a gastos de seguridad para sus cargos públicos, pues de los 3,1 millones de euros asignados para este fin se repartieron entre ellos 2,6 millones.

Después de los dos grandes partidos, están IU y CiU con algo más de nueve millones de euros. Una paridad que se explica porque pese a su diferente presencia en el Congreso (IU tiene un diputado y la federación catalana, diez), la coalición de izquierda está presente en las instituciones de muchos territorios mientras que los nacionalistas constriñen su presencia a Cataluña.

El PNV cobró de las administraciones públicas casi siete millones de euros, una cifra similar a la que ingresó Esquerra Republicana de Catalunya. Lejos queda Iniciativa per Catalunya, 3,7 millones; Eusko Alkartasuna, 2,4 millones; Bloque Nacionalista Galego, 1,2 millones; Coalición Canaria, 1,07; Nafarroa Bai, 0,2 millones. UPyD no tenía actividad política en el último año fiscalizado por el Tribunal.

Las deudas

El informe del organismo fiscalizador subrayó en sus conclusiones que todos los partidos presentaron sus cuentas de conformidad con la ley, aunque los nacionalistas canarios lo hicieron fuera de plazo, mientras que IU no entregó la contabilidad de sus federaciones en Castilla y León, La Rioja, Formentera e Ibiza y Comunidad Valenciana. El tribunal constató asimismo que las relaciones de bienes y patrimonio se acreditó de forma correcta, aunque algunos, como el PNV y el Partido Comunista, presentaron una relación incompleta.

El presidente del Tribunal de Cuentas sacó a relucir durante su comparecencia uno de los aspectos más controvertidos, la negociación de la deuda de los partidos con las entidades financieras. Manuel Núñez señaló que la reforma de la ley de financiación de partidos no aclaró de forma precisa los requisitos que deben tener estos procesos y reclamó una clarificación. Tal y como está redactada la reforma legislativa «nos deja bastante insatisfechos», comentó el presidente del tribunal.

Sus palabras dieron pie a que el portavoz del PP en la comisión, Ramón Aguirre, acusara al PSOE de haber buscado por esta vía subterfugios para una financiación irregular ya que logró la condonación de deudas vencidas en 2004, 2005 y 2006 por valor de 35 millones de euros. Su homólogo socialista, Manel Mas, replicó que la negociación de su partido con la banca consiguió resolver «un viejo problema», la financiación de referéndum sobre la OTAN de 1986, en la que el PSOE acumuló una importante deuda por los elevados tipos de interés, muy alejados de los actuales del mercado.