El Gobierno pretende enmendar los errores de la negociación del 'tijeretazo'

El grupo parlamentario socialista es más que consciente de que le espera un mes de infarto. De aquí a mediados de julio, cuando se voten las mociones resultantes del Debate sobre el estado de la Nación, tendrá que intentar sacar adelante tres difíciles sesiones. La primera, la del decreto de la reforma laboral. Tras el mal trago pasado con el 'tijeretazo', en que se quedó solo en la votación, busca enmendar sus errores.

Los socialistas admiten que con el ajuste del déficit pecaron de falta de diálogo. Se escudan en que no pudieron actuar de otra forma porque el presidente del Gobierno se vio obligado a decidir el recorte en apenas 24 horas para dar una respuesta inmediata a Europa que, luego, era imposible de modular so pena de ser tachado por los agentes internacionales de escasamente creíble y, en consecuencia, de someter a España a un nuevo «ataque» de los mercados.

«Ahora las condiciones son otras», señalan. A partir de hoy, dando por hecho que sindicatos y empresarios serán incapaces de llegar a un acuerdo, los socialistas pretenden abrir un diálogo con el resto de fuerzas parlamentarias sobre su propuesta. En teoría, pretendían esperar hasta este miércoles por respeto a la mesa del diálogo social. Sin embargo, el portavoz de Esquerra Republicana en la cámara baja, Joan Ridao, aseguró que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se puso el lunes en contacto con él y quedaron en reunirse esta misma semana.

Mejor panorama

Lo cierto es que las cosas no pitan tan oscuras como parecían hace dos semanas. El Gobierno corteja a CiU para que se suba a este carro y los nacionalistas catalanes se dejan seducir. De hecho, Josep Antoni Duran Lleida -el mismo que hace pocos días llamó a José Luis Rodríguez Zapatero «cadáver político»-, ya avanzó el pasado fin de semana su buena disposición para sacar adelante el texto. Un documento, en todo caso, que todos los portavoces admiten desconocer.

Quienes se muestran más beligerantes, ya de partida, son los diputados de Izquierda Unida e ICV. Gaspar Llamazares se lamentó ayer de que el titular de Trabajo no haya levantado el teléfono para llamarlo a él. Sabía que su caso era excepcional porque también en el PNV confirman «contactos» con Corbacho, a través de Emilio Olabarría. «Se cambia la geometría variable por la aritmética conservadora; por eso no me llama -apuntó-, ya no estamos en el mismo bando».

En una línea similar, el portavoz de ICV, Joan Herrera, lanzó una «voz de alarma» a la «gente de izquierdas que aún queda en el PSOE» para que no acaten una política que, a su juicio, supone ni más ni menos que el «desmantelamiento del Estado de Bienestar».

El caso es que la posición del Gobierno, después de toda una jornada de huelga de funcionarios con un seguimiento más que discreto, es menos débil de lo que a estos dos últimos diputados les hubiera gustado. Llamazares y Herrera, incluso llegaron a proponer en la Junta de Portavoces del Congreso que el pleno de hoy se parara para ser «respetuosos» con la iniciativa de huelga, pero se quedaron solos.

Está por ver la letra pequeña, pero a pesar de que el Ejecutivo tan sólo se ha dado siete días para hablar con las formaciones políticas -el próximo miércoles sí o sí el Consejo de Ministros aprobará una reforma- nadie ha expresado hasta la fecha queja alguna por la premura. Más bien, al contrario, la mayoría del arco parlamentario admite que la medida es urgente y que, de hecho, el Gobierno «va tarde».