La Fiscalía desvela que 'El Bigotes' pagó sobornos en metálico a varios altos cargos

No sólo trajes. No sólo regalos más o menos costosos. No sólo el supuesto pago de deudas electorales del PP por parte de empresarios afines. Anticorrupción, por primera vez en la investigación de la trama 'Gürtel' en Valencia, habla sin ambages de sobornos en metálico a altos cargos por parte del hombre de confianza de Francisco Correa en esa comunidad, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. La Fiscalía acusa al gerente de 'Orange Market' de «entregar sobres o dinero a cargos públicos en distintos ejercicios». Anticorrupción, en su último informe, no habla de forma expresa de que esos sobornos fueran a responsables de la Generalitat, aunque 'El Bigotes', como recuerdan responsables del caso, operaba en la Comunidad Valenciana.

El informe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y está fechado el pasado 1 de junio. Se trata del escrito en el que el Ministerio Público se opone de manera tajante a la petición de la defensa de 'El Bigotes' de convertir en mensuales sus comparecencias semanales para evitar su fuga. Anticorrupción no sólo es contraria a suavizar las medidas cautelares contra Pérez, sino que advierte que en cualquier momento -no sólo si 'El Bigotes' falla a sus citas en el juzgado- puede pedir «medidas más gravosas para la libertad del imputado», es decir, su encarcelamiento, habida cuenta del cariz que están tomando las investigaciones y dada la «gravedad de los delitos» en los que cada vez parece más involucrado.

Unas pesquisas, relata el documento, que relacionan a 'El Bigotes' no sólo con los delitos iniciales -blanqueo o fraude a Hacienda-, sino en otros ilícitos más graves, como pueden ser el delito electoral y contra la Administración Pública o la falsedad en documento mercantil.

La Fiscalía desvela que la existencia de esos «sobres o dinero» con destino a «cargos públicos» están conectados con ese delito contra la Administración Pública. Anticorrupción no revela quiénes fueron los políticos o funcionarios que presuntamente recibieron esos presuntos sobornos ni el importe de los mismos ni qué supuestos favores habrían hecho a la trama de Correa para ser gratificados. Tampoco da pistas de a qué «ejercicios» se refiere. Anticorrupción, apuntaron fuentes del caso, no quiere descubrir aún sus cartas ya que la investigación de esos supuestos cohechos aún está en marcha.

No obstante, sí que desvela que los «indicios» sobre esos pagos en efectivo se han encontrado en «diversos apuntes de archivos informáticos en los registros practicados el 6 de febrero de 2009». Fue entonces cuando el juez Baltasar Garzón ordenó las detenciones de los cabecillas de la red y el allanamiento de las sedes de las empresas 'Gürtel' en Madrid y la Comunidad Valenciana.

Anticorrupción insiste en que los indicios delictivos contra 'El Bigotes' se han «visto corroborados con el avance de la instrucción» y, en particular, el delito electoral. Las fiscales, que recuerdan que la justicia madrileña ya se ha inhibido a favor de Valencia tras la aparición de nombres de aforados involucrados en la trama, sitúa a Álvaro Pérez y a su empresa en el centro de esa supuesta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana.

Reiteran que hay «indicios de la participación de imputados en los delitos electorales referidos a la campaña de las elecciones municipales y autonómicas celebradas en 2007 en la Comunidad Valenciana», se refieren al presunto pago de las deudas del PP por parte de empresarios). Además, recuerdan que 'El Bigotes' está involucrado en un ilícito de falsedad documental -consistente en la alteración de las facturas- y diversos delitos fiscales por ocultar al fisco sólo entre 2006 y 2007 más de 330.000 euros.

Televisión pública

Pero hay más. La Fiscalía involucra directamente a Álvarez en supuestos sobornos al ex director de la televisión pública valenciana. Según Anticorrupción, 'El Bigotes' pudo incurrir en otro «delito de cohecho que podría constituir la eventual entrega de regalos en forma de prendas de vestir al que fuera director de la Radiotelevisión Valenciana, Pedro García Gimeno».

Las revelaciones de la Fiscalía se conocen sólo días después de que trascendiera que el Supremo ha reclamado al juez del caso, Antonio Pedreira, todas las resoluciones que Garzón, antes de inhibirse, firmó durante la instrucción en este sumario para conocer si su actuación, más allá de las escuchas ya declaradas ilegales, fue regular. La legalidad de los registros en los que, según Anticorrupción, se hallaron las pruebas de los sobornos en metálico fue avalada por el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid.