Defienden que la Junta Rectora del Parque no tiene competencias sobre urbanismo

La Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema «carece de competencias para determinar cuál es el grado de cumplimiento de la normativa urbanística en los municipios incluidos en el enclave natural». Esta es la conclusión del informe jurídico de la Junta de Andalucía presentado en el transcurso de la última reunión del citado órgano de participación, celebrada en la tarde del pasado miércoles.

El informe jurídico expuesto pretendía aclarar las competencias de la Junta Rectora, después de que Ecologistas en Acción haya presentado varias propuestas solicitando un informe sobre la situación urbanística de los cascos urbanos situados en los límites del parque. En este sentido, el gabinete jurídico subraya que la competencia de control y cumplimiento de la normativa urbanística de los municipios corresponde a cada Ayuntamiento y subsidiariamente a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, aclarando que en ningún caso es facultad de la Junta Rectora que es «un órgano de participación que carece de potestad sancionadora», destaca.

A tenor de dicho dictamen del gabinete jurídico, la Junta Rectora no satisfará las demandas de la organización proteccionista porque «sería ir contra sus propias competencias e invadir las de otras administraciones», destaca Medio Ambiente. Recordando que su función se limita, por tanto, a velar por el cumplimiento de la normativa reguladora del Parque Natural (PORN y PRUG), una normativa que debe diferenciarse de la normativa urbanística que pueda concurrir en un municipio inserto en el espacio natural.

Ecologistas

Ecologistas en Acción señala directamente al Presidente de la Junta Rectora, Antonio Perales, y asegura que han asistido «atónitos a una nueva burda y chapucera manipulación para impedir que se elabore un informe que la propia Junta Rectora aprobó hace más de cuatro años». Desde entonces, aseguran que el presidente, con el apoyo de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, «ha urdido todo tipo de subterfugios para boicotear una y otra vez la elaboración de este informe con el claro intento de ocultar las numerosas ilegalidades urbanísticas que se vienen cometiendo». Por ello, aseguran que pedirán al consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, que destituya a Perales.