Griñán fija el recorte en el gasto farmacéutico, los salarios públicos y las empresas de la Junta

La Junta de Andalucía meterá la tijera del recorte reclamado por Zapatero para reducir el déficit público en el gasto farmacéutico, en todos los salarios de la Administración autonómica y en las empresas y entes públicos. Lo avanzó ayer Griñán en el debate de control en la Cámara, en el que además de respaldar las medidas de Zapatero, insistió en que no se tocará el gasto social y tampoco las inversiones, aunque las destinadas a obras se retrasarán en los plazos. La oposición le respondió con dureza, quizás como pocas veces. Javier Arenas le responsabilizó de «arruinar Andalucía» y Diego Valderas calificó de «infames» las medidas de Zapatero y acusó a Griñán de «hincar la rodilla» ante el «recorte social más duro de la democracia».

El presidente de la Junta venía preparado para el rapapolvo y actuó con aplomo y, como acostumbra, enhebrando su discurso con cifras y explicaciones didácticas sobre el ataque especulativo al euro. Un día después de que Zapatero anunciara la rebaja salarial a los funcionarios y la congelación de las pensiones, entre otras medidas, y en plena revuelta sindical contra ellas, Griñán manifestó que el ajuste es «responsable y necesario» para contener el déficit público y caminar hacia la recuperación.

Griñán anunció que llevará a la Cámara para su debate la propuesta que la Junta presente al Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo mes de junio. En respuesta a una pregunta del coordinador de IU-CA, Diego Valderas, el presidente insistió en que el reajuste no afectará a las políticas sociales y señaló la reestructuración de las empresas públicas y la reducción del gasto farmacéutico, junto al de los salarios de todos los empleados y cargos de la Junta como la principal fuente de ahorro. En definitiva, su Ejecutivo planteará una revisión de los capítulos 1 y 7 del Presupuesto para 2010, los que atañen al gasto de personal (10.221,73millones de euros consignados para este año) y a las transferencias de capital en lo concerniente a empresas y agencias públicas (2.899,5 millones).

Respecto al gasto de la Junta en fármacos, cifrado en más de dos mil millones en 2009, la Consejería de Salud deberá afrontar una nueva racionalización, lo que ya ha levantado suspicacias en el sector.

Para compensar, el Gobierno andaluz planteará una reclamación al central para que la Ley de Dependencia se financie según las personas atendidas y no según la población. Griñán planteó esta petición como un reto de Andalucía, comunidad en la que hay 155.550 beneficiarios, «frente a los 150.505 que suman cinco de las comunidades del PP más pobladas» (entre ellas Madrid). «Nosotros gastamos 100 y el Estado nos da 50, otras gastan 25 y el Estado también les da 50», dijo. Un ejemplo con el que quiso ilustrar lo que denominó «insumisión» a la ley de estas autonomías. Griñán instó a Arenas a defender ante sus compañeros de partido la financiación según beneficiarios. El líder del PP-A había criticado antes que la medida de Zapatero de eliminar la retroactividad afecta en Andalucía a 170.000 personas en espera de ser atendidas.

Arenas desplegó una dura artillería de reproches con cifras que, en su opinión, delatan que «no se han hecho los deberes» y acusó a Griñán de engordar una administración mastodóntica con deudas y gasto corriente. El líder del PP-A le instó a reducir a la mitad los cargos públicos, a fusionar consejerías y a dejar en la mitad a las empresas públicas. Diego Valderas también dio sus recetas, pero en el polo opuesto: Pidió mantener el gasto público y aplicar el recorte en el dinero que se va para «la Iglesia católica, los banqueros y los especuladores», entre otros colectivos. Los diputados de IU exhibieron carteles con estas ideas.