El Tribunal de Cuentas confirma la sentencia del desfalco

Finalmente el Tribunal de Cuentas no ha atendido los recursos de los acusados, responsables administrativos, y ha ratificado la sentencia del desfalco ocurrido en la caja municipal del Ayuntamiento de San Fernando, determinando que la falta de controles, la omisión de labores y el caos de las cuentas municipales permitieron el menoscabo de 7,8 millones de euros.

En ella salen perjudicados los exalcaldes andalucistas, Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, que deberán abonar cada uno un total de 29.250 euros.

Fue el 1 de abril de 2009 cuando saltaron todas las alarmas tras anunciar el Ayuntamiento de San Fernando en una escueta nota que había denunciado a los dos cajeros municipales, Clemente Ruiz y María José Lebrero, acusados de llevarse de la caja fuerte unos 480.000 euros.

Una cantidad que en pocas semanas ascendía, mientras se tiraba de la contabilidad hacia atrás en el tiempo hasta el 10 de junio de 2002, a 7,8 millones de euros.

Esa cifra la ha reducido el Tribunal de Cuentas a 7,6 millones. Ya que consideran que los hechos ocurridos anteriores al 22 de octubre de 2003 han prescrito. Y a partir de ahí todos los implicados en este proceso deben asumir su responsabilidad administrativa. Hay que recordar que aquí no se determina la culpabilidad penal, es decir quién o quiénes se han llevado el dinero, sino quién o quiénes han permitido que el dinero desaparezca. El matiz es importante ya que no implica cárcel, sino sanciones retributivas para subsanar el daño proveniente de su acción u omisión, a la hora de desarrollar sus labores de control.

Precisamente por ello se considera responsables directos a los dos excajeros, Clemente Ruiz y María José Lebrero, ya que eran los encargados de velar por las cajas fuertes y se consideran hechos probados que falsificaron hojas de caja (documentos que verificaban el dinero físico que tenía el Ayuntamiento), además de ser los encargados de custodiar las llaves, de solicitar los talones para lograr fondos y de manejar recogida de dinero de bancos, entidades y de las multas. Es por ello, y atendiendo a lo prescrito, que deben abonar el total de los 7,6 millones de euros, más los intereses que se determinen en las costas del proceso.

Subsidiarios

Pero ambos ya han mostrado en varias ocasiones su insolvencia para poder enfrentarse a tal cantidad. Por lo que es muy probable que los responsables subsidiarios no se salven de hacer frente a las cantidades que se recogen dentro de la sentencia del Tribunal de Cuentas.

El que más debe abonar es el que fuera tesorero y actual interventor, José Antonio López. El Ayuntamiento exigía en su demanda el pago de 105.847 euros. Finalmente será mucho menos, en primer lugar porque se le reducen unos 15.912 euros por prescripción de los hechos. En segundo porque se consideran una serie de atenuantes, extensible al resto, como la cantidad de trabajo, la falta de medios o su colaboración para descubrir lo ocurrido y la puesta de medidas para que no vuelva a suceder. Por lo que en total deberá abonar 67.450 euros.

Igual ocurre en el caso del anterior interventor, Rafael Monzón, que se encuentra ya jubilado. A él se le reclamaban 61.525 euros. De ellos se consideran prescritos 21.820 euros y reducen una cuarta parte por atenuantes. En total se le condena a pagar 29.779 euros. Una cantidad similar que la que debe afrontar la actual tesorera, María de las Virtudes Gómez, que se queda en 29.544 euros, de los 39.342 euros que se pedía en la demanda del Ayuntamiento.

Un documento que también solicitaba que los exalcaldes andalucistas tuvieran que abonar 39.000 euros. Finalmente serán 29.250 euros y eso a pesar de que en el juicio apenas se les recriminó nada y sólo se les achacó la falta de presencia en los arqueos de finales de año.