La ONU critica a España por no resarcir globalmente a las víctimas del franquismo

Casi cuatro décadas después de que acabara la dictadura en España, el Estado no ha sido capaz de elaborar e implementar una ley global y transversal que resarza a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Así lo ha asegurado el relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, durante la presentación de su informe sobre España ante el Consejo de Derechos Humanos, reunido en su vigésimo séptima sesión.

"Los esfuerzos por responder a los legados de la Guerra Civil y de la dictadura en casi todos los pilares del mandato han sido caracterizados por la fragmentación. Las medidas adoptadas no han respondido a una política de Estado consistente, incluyente y global en favor de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición", ha afirmado el relator. "Los mayores vacíos se evidencian en materia de verdad y justicia", agrega el relator, quien lamenta que "nunca" se haya establecido una política de Estado en la materia.

Respuesta de España

En su turno de respuesta, la embajadora de España ante la ONU en Ginebra, Ana María Menéndez, se ha quejado especialmente del hecho de que el relator dijera que todos los pilares de su mandato no se cumplieran, y ha afirmado que la garantía de la no repetición reside en la muy bien arraigada democracia española.

El relator ha criticado especialmente que el Estado haya permitido "la privatización" de la búsqueda de víctimas. "El modelo vigente de privatización de las exhumaciones, que delega esta responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las instituciones estatales y conlleva dificultades metodológicas, de homologación y oficialización de la verdad", ha dicho.

Es por ello que el relator recomienda al Estado español que revise el modelo actual, asigne los recursos necesarios y asegure la actuación de las autoridades judiciales en todos los casos. El relator recalca que las limitaciones de recursos, si bien pueden reducir las capacidades del Estado, no pueden justificar la inacción en favor de estas medidas. "Los reclamos de los familiares para dar sepultura a sus seres queridos son urgentes", puntualiza. Menéndez, por su parte, ha recordado que la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, lidia con estos aspectos.

Impedimentos a cualquier tipo de investigación

En el área de la justicia, De Greiff ha denunciado "un excesivo formalismo e interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía y del principio de legalidad que no sólo niegan el acceso a la justicia, sino que también impiden cualquier tipo de investigación". Es por ello que el relator sugiere que España "prive de efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo".

Menéndez ha agradecido a De Greiff que hubiera analizado el texto y no pidiera simplemente su derogación, pero ha recordado que la ley fue votada en 1977 con amplio consenso político y social.

Asimismo, De Greiff ha solicitado al Estado español que colabore con procedimientos judiciales en el exterior y tome las medidas "contra el debilitamiento de la justicia universal por parte de los tribunales españoles".

Símbolos franquistas

El relator también ha hecho mención especial a los símbolos franquistas que aún persisten en lugares públicos del país, y ha recomendado que se remuevan o se reasignen. De Greiff ha citado especialmente el Valle de los Caídos y ha pedido que se aplique lo sugerido por la Comisión de Expertos que, precisamente, recomendó la "resignificación del monumento", así como solicitó que se atienda la reclamación de aquellos que exigen recuperar los restos de sus familiares inhumados allí sin consentimiento previo.

"La fortaleza de las instituciones democráticas no puede ser adecuadamente medida por su capacidad de silenciar o dejar de lado algunos temas, especialmente aquellos que se refieren a derechos fundamentales, sino por su capacidad de gestionarlos efectivamente, aunque sean complejos e incómodos", ha remachado De Greiff.