TRIBUNALES

El PSOE llevará al TC la reforma de la Justicia Universal

Considera que la reforma vulnera el derecho a la tutela judicial y se ha aprobado por las presiones de otros países

MADRID Actualizado: Guardar
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La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha anunciado que su grupo recurrirá ante el Tribunal Constitucional la reforma de la justicia universal porque el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos quedará "claramente vulnerado y pisoteado" por esta ley.

En una jornada organizada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España en la Cámara Baja, la portavoz socialista ha anunciado la próxima acción que llevarán al Alto Tribunal, que ha recibido el apoyo de varios grupos como UPyD y la Izquierda Plural.

Soraya Rodríguez ha tildado de "atropello" la introducción de nuevos requisitos para que los jueces españoles puedan conocer de la comisión de crímenes contra la humanidad o de graves delitos que afectan a los españoles fuera de nuestras fronteras.

La socialista ha cuestionado la aplicación retroactiva de la proposición de ley del PP, que obliga a sobreseer "automática e inmediatamente" la docena de causas abiertas en la Audiencia Nacional. "Los procedimientos se abren en los juzgados y se cierran por una decisión judicial. El Gobierno podrá utilizar al Ministerio Público para solicitar el sobreseimiento pero con el BOE eso no es posible", ha explicado.

"Atropello"

En este punto, ha relatado que recientemente preguntó a un diputado, magistrado de profesión, si había visto en alguna ocasión esta forma de proceder. "Me contestó 'Sí lo he visto, en tiempos de Franco'. Se presentaba una ley en el Boletin Oficial del Estado y se sobreseía la causa", ha añadido.

Por ello, ha tildado de "atropello" la reforma de la justicia universal, que evidencia cómo el Gobierno de Mariano Rajoy "ha cedido para responder a la protección que exigen otros Estados sobre sus nacionales, para dejar sin protección a sus ciudadanos".

Tras ella, el portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha confiado en que la ley sea "debidamente recurrida y debidamente derogada" cuando cambie el Gobierno y ha criticado su "sumarísimo" trámite parlamentario y la "chapuza" en la que se ha visto inmersa, cuando el propio grupo proponente, el PP, se ha enmendado por "pasarse de frenada".

Desde UPyD, la diputada Irene Lozano ha ofrecido también el apoyo de su grupo al recurso de inconstitucionalidad y ha tildado de "aberrante" la reforma por "hacer del mundo un lugar más cómodo para los peores criminales". En este sentido, ha emplazado al PSOE a permitir la firma de más grupos para dar "más fuerza política" a su acción.

Fraude de ley

El portavoz de Justicia del PNV, Emilio Olabarria, ha reprobado que la norma ha sido tramitada "en fraude de ley" y su contenido es igualmente "fraudulento, injusto y antidemocrático"; mientras que el parlamentario de CiU Jordi Jané ha criticado los "espacios de impunidad" que abre la proposición y la introducción de nuevos límites, como es la eliminación de la acusación popular.

Desde ERC, la senadora Ester Capella ha confesado su "escasa fe" en el Tribunal Constitucional, aunque, con todo, ha dado su apoyo a cualquier acción que suponga dejar sin efecto la ley del PP por "vulnerar de forma flagrante" el principio a la seguridad jurídica. Ha anunciado que su grupo presentará una propuesta de veto en el Senado.