Archivada la causa abierta contra Sean Connery en Marbella

La pieza separada abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella para determinar la participación del actor Sean Connery y su mujer en la operación urbanística que se investiga en el 'caso Goldfinger' seguirá adelante. El juez instructor, tras valorar la declaración jurada remitida por Connery y su mujer, Micheline, desde las islas Bahamas, donde residen, ha decidido sobreseer al actor, pero mantener la imputación de su cónyuge, sobre quien existen indicios de haber cometido delitos de fraude, contra la ordenación del territorio y contra la hacienda pública.

"No cabe pensar que la referida M. J. A. C. -dice un auto de 45 páginas dictado por el instructor, al que ha tenido acceso este periódico- ignoraba la ilegalidad de cuanto se estaba haciendo". En su declaración jurada, Connery aseguró que traspasó a su mujer a mediados de los ochenta la sociedad 'Malibú', una de las mercantiles investigadas.

El juez que investiga esta causa acordó en mayo del pasado año abrir una pieza separada con todo lo relativo a los Connery y reiterar la comisión rogatoria -petición de colaboración internacional- dictada en diciembre de 2010, para que se ejecutara completamente y se tomara declaración a ambos como imputados, dando un plazo de seis meses para estos trámites.

Este procedimiento se inició por la querella de Anticorrupción, tras un informe del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio marbellí. Inicialmente, se investigaban los convenios suscritos por el Ayuntamiento con las sociedades Malibú S. A. -propietaria del chalé de los Connery- y By the Sea, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria de 72 viviendas, denominada Malibú.

Posteriormente, tras los informes emitidos por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Agencia Tributaria y la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional, la investigación se amplió a las operaciones financieras realizadas sobre la promoción a través de un entramado societario en las que supuestamente habría intervenido un despacho de abogados marbellí, que había representado los intereses económicos del matrimonio en Marbella.