La Audiencia de Valencia reabre el caso del accidente de metro

La sección segunda de la Audiencia de Valencia ha estimado parcialmente los recursos presentados contra el archivo de la investigación del accidente de la Línea 1 de Metrovalencia que en julio de 2006 costó la vida a 43 personas y provocó heridas a otras 47 más, y ha ordenado que se practiquen once diligencias sobre el caso, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en su cuenta de Twitter.

El pasado septiembre de 2013 la Fiscalía de Valencia solicitó de nuevo a la Audiencia la reapertura de la investigación por el accidente de metro ocurrido en Valencia al estimar que concurrían "nuevas pruebas" en este caso, como descarrilamientos previos al siniestro que no fueron contemplados en su momento y criticaba que la jueza instructora se había atribuido un papel de perito que no le correspondía.

De esta forma, Fiscalía recurría la decisión de la titular del juzgado de Instrucción número 21, Nieves Molina, que rechazó la petición del ministerio público de reabrir diligencias porque estimó que no se habían aportado argumentos novedosos y al entender que no cabía la "menor duda" de que el siniestro se produjo como consecuencia de una velocidad "inadecuada" del maquinista.

El ministerio público presentó en julio un nuevo escrito al juzgado para pedir esa reapertura tras recibir dos denuncias, del PSPV y del portavoz de Cercle Obert de Benicalap, tras la emisión del programa de televisión 'Salvados'. Ahora la sala ha estimado parcialmente los recursos y ha ordenado practicar once diligencias cuyo contenido, de momento, no ha trascendido.

Peticiones al Parlamento Europeo

Precisamente, la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio de 2006 (AVM3J) pidió este lunes a la comisión de Peticiones de la Eurocámara que "repruebe" la actuación del Gobierno valenciano frente al accidente por no haber asumido responsabilidades y haber actuado de forma "deshonesta" e "indigna" ante las víctimas.

Las víctimas del accidente del metro de Valencia de 2006 lograron el apoyo de todos los grupos políticos de la Eurocámara -socialistas, liberales, verdes e izquierda unitaria- salvo el PP, que fue el único partido en no enviar a ningún representante a la reunión que mantuvieron con la presidenta de la comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni. Los servicios jurídicos de la Eurocámara deberán examinar ahora si admiten a trámite las quejas de la Asociación.

La Asociación de Víctimas del Metro solicitaron que se analice si FGV y el Consell "incumplieron normativas sobre seguridad general" en la red. También pidieron que se investigue si hubo vulneración de derechos por parte de las autoridades al "censurar y manipular" la información que RTVV ofreció sobre el accidente. Además, se busca que se asuman "responsabilidades políticas" en el Gobierno Valenciano.

La presidenta de la entidad, Beatriz Garrote, estuvo acompañada por el secretario general del PSPV, Ximo Puig, en la entrevista concertada en la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea con Olivier Tell, jefe de Unidad de Procedimiento de Derecho Penal, y también con Lotte Knudsen, directora de Justicia Penal.

La asociación de Víctimas del Metro 3 de julio también ha reclamado que el Parlamento Europeo "solicite a la Comisión que se incluyan los transportes locales en las normativas sobre seguridad de los ferrocarriles comunitarios, ya que creemos que esta medida es fundamental para dotar de mayor seguridad y herramientas jurídicas a los ciudadanos de la UE", y que se dicten normas "para establecer unas garantías mínimas en las Comisiones de Investigación de los órganos legislativos de los estados miembros".

"La información que sea necesaria"

Por su parte, la Generalitat ha asegurado que facilitaría a Bruselas y a "cualquier institución nacional o internacional competente" la información "que sea necesaria" relacionada con el accidente.

Así lo confirmó en un comunicado la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y presidenta del consejo de administración de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), Isabel Bonig, quien ha reivindicado la "política de transparencia" del Gobierno valenciano.

La consellera Bonig ha destacado que la Generalitat y FGV siempre se han puesto a disposición del Ministerio Fiscal y de las distintas instancias judiciales para aportar la documentación que posee sobre el accidente ocurrido el 3 de julio de 2006 en la Línea 1 de Metrovalencia.

Además, la titular de Infraestructuras ha recordado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se reunió con los miembros de la Asociación de Víctimas "para atender sus reivindicaciones y demandas".

Bonig ha indicado asimismo que, desde el Consell, siempre se ha señalado que las cuestiones relativas al accidente se deben abordar "desde las instancias judiciales pertinentes, y no desde posicionamientos políticos interesados".

La Generalitat ha recordado que el proceso de investigación judicial abierto por el juzgado número 21 de Valencia emitió dos autos de archivo en marzo y diciembre de 2007, y que la Audiencia Provincial desestimó en mayo de 2008 los recursos formulados.

Asimismo, recuerda que la Audiencia ratificó el archivo de las actuaciones penales al considerar que "la causa material del accidente fue el descarrilamiento y este se produjo por exceso de velocidad".

En septiembre de 2013, el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia rechazó la petición de la Fiscalía de reabrir las diligencias por el accidente, al estimar que no se habían aportado argumentos novedosos, tras lo que el Ministerio Fiscal y la Asociación de Víctimas solicitaron a la Audiencia Provincial que se pronunciase sobre la reapertura de diligencias.