Los expertos proponen que las pensiones bajen en época de crisis

El informe definitivo del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad que entregaron este viernes a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, introduce dos factores de corrección en función de la esperanza de vida y de los ingresos y gastos del sistema de Seguridad Social. Y recomiendan al Gobierno que lo aplique lo antes posible y, en todo caso, en el periodo entre 2014 y 2019. Los expertos insistieron en que las decisiones de cómo será el sistema las tomarán los políticos y que la aplicación del factor de sostenibilidad no tiene por qué suponer un recorte de las pensiones. Incluso señalaron varias vías desde el lado de los ingresos para moderar el impacto del aumento de pensionistas en la reducción de las pensiones. Desde el aumento de cotizantes hasta la subida de tipos impositivos.

El primer factor de corrección, el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI)calcula la pensión inicial de manera que sea menor cuando crezca la esperanza de vida. Según los cálculos de los expertos, la pensión inicial de los que se jubilen en 2051 será un 19,2% inferior a la del que se jubile este año. Pero podría compensarse aumentando la base reguladora.

A su vez, el Factor de Revalorización Anual (FRA) suprime la actualización de las pensiones con el IPC y lo liga a una fórmula que tiene en cuenta los ingresos y los gastos del sistema para que no se gaste más de lo que se ingresa. Este factor afectaría a todos los pensionistas, los actuales y los futuros, y permitiría subir las pensiones sólo cuando suben los ingresos, es decir, en épocas de crecimiento económico. Como la aplicación del FRA podría provocar una caída de la pensión, los expertos incluyen una «red de seguridad» para los pensionistas actuales, que no tienen capacidad de reacción ante el cambio en el sistema. Esta garantía consistiría en que las pensiones actuales no puedan disminuir nominalmente aunque la fórmula del factor de sostenibilidad determinara un recorte. Es decir, que en una situación económica complicada, donde los ingresos por cotizaciones sociales cayeran, la protección de los pensionistas consistiría, en el mejor de los casos, en congelarles las pensiones. Nominalmente no bajarían, pero perderían poder adquisitivo.

El informe sobre el factor de sostenibilidad del comité de expertos fue aprobado por diez votos a favor, uno en contra y una abstención. El representante de CCOO, Miguel Ángel García, votó a favor de la propuesta, aunque dijo que lo hacía «a título individual». De hecho, el sindicato emitió un comunicado en el que señalaba que el informe no vinculaba al Gobierno ni a los interlocutores sociales y abogó por el mayor consenso posible para la reforma de las pensiones, que se llevará al Pacto de Toledo. Miguel Ángel García, director del servicio de estudios de CCOO, defendió el dictamen «porque advierte de los retos del sistema público de pensiones», aunque emitió un voto particular para que el factor de sostenibilidad se aplique a partir de 2019. El catedrático de Economía Aplicada Santos Ruesga fue el único que votó en contra. En su opinión, «hay un exceso de alarmismo en torno a la evolución financiera del sistema que no es debido sólo a la coyuntura recesiva que estamos padeciendo, sino que hay intereses espurios por medio».