El juez aprecia «indicios de criminalidad» en los créditos de Blesa a Díaz Ferrán

La Justicia aprecia "indicios de criminalidad" en la "relación crediticia" existente entre el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y el que fuera presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz-Ferrán.

Así lo establece el titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, que investiga la concesión irregular de un préstamo de 26,5 millones de euros a Díaz-Ferrán cuando dirigía el grupo turístico Marsans. El magistrado subraya en un auto que ninguno de los imputados ha aportado hasta la fecha "el menor justificante de pago" de ese dinero.

El juez desvirtúa en su resolución las explicaciones aportadas por los dos encausados y señala que sus versiones de descargo no son "mínimamente verosímiles". Blesa -detalla el magistrado- "declara sin ambages que los créditos de Caja Madrid se concedían, en todo caso, con las debidas garantías, sin que hasta el día de la fecha conste en esta causa que los concedidos al imputado Gerardo Díaz-Ferrán se hallaban suficientemente garantizados". De la documentación que obra en la causa se deduce "más bien lo contrario", explica. Y deja claro que el supuesto pago, de haberse producido, "hubiera sido acreditable con manifiesta facilidad".

En cuanto a Díaz Ferrán, el magistrado considera su defensa “un apunte peregrino”. El ex presidente de la patronal alegó que no puede acreditar el pago de los créditos mediante documentos, ya que los abonó -dice- mediante la cesión a Caja Madrid de "una supuesta empresa concesionaria de autobuses, supuestamente regida y bajo control social y de titularización por parte de un supuesto socio, Gonzalo Pascual", ya fallecido, que habría actuado de "testaferro".

Malas prácticas

A la vista del caso, el magistrado sanciona en su auto aquello que para muchos ciudadanos afectados por las malas prácticas bancarias es ya una realidad sangrante: Las declaraciones de los imputados, resalta, "lejos de acomodarse a prácticas adecuadas en el ámbito de la gestión bancaria, inciden en la proyección de una imagen sumamente deteriorada de la llevanza de riesgo y la regencia de una entidad del relieve de Caja Madrid".

El magistrado decreta el secreto de sumario durante un mes para poder analizar toda la documentación informática y los correos electrónicos de Blesa intervenidos por la Guardia Civil a comienzos de febrero en los servidores de Bankia. Tales correos, explica, podrían contener "información financiera y de gestión bancaria de carácter muy relevante para esta causa".