Marbella reclama al Tribunal de Cuentas el embargo de 150 bienes de los hijos de Gil

El Ayuntamiento de Marbella sigue librando su particular batalla en los tribunales para tratar de recuperar hasta el último euro que salió de forma ilícita de las arcas municipales durante la 'era GIL'. Por ello da un paso al frente para que los distintos tribunales de justicia dicten embargos directos sobre bienes concretos y no solo contra acciones de sociedades de los implicados, como se ha venido haciendo hasta ahora. El Consistorio registró la pasada semana ante el Tribunal de Cuentas una petición para que se aplique el embargo preventivo de un total de 150 bienes, propiedad de sociedades vinculadas a los hijos del exalcalde Jesús Gil, a los que el propio tribunal, con sentencia de abril de 2011, ya consideró como responsables contables del daño causado a los fondos públicos por su progenitor durante su mandato al frente de la ciudad.

El listado remitido por el Ayuntamiento, al que ha tenido acceso este periódico, incluye 43 locales comerciales, seis viviendas, cinco parcelas y 96 plazas de garaje registradas a nombre de mercantiles como Club Financiero Inmobiliario, Miranco, Promotor Alcazaba, Promotor Alhambra y Vegángeles, empresas vinculadas a Jesús, Miguel Ángel, Fernando y Mari Ángeles Gil Marín. Aunque la mayor parte de estas propiedades se encuentran en Marbella, en la relación figuran varios locales en Madrid, una finca en Chinchón (Madrid), otras dos en Puente del Arzobispado y una vivienda en Torremolinos.

«De momento, los medios de los que disponemos nos permiten localizar bienes vinculados a estas personas dentro del territorio nacional. Tal vez si tuviéramos más medios podríamos llegar hasta otros radicados en el extranjero», expuso el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero. El edil concretó que este giro en la estrategia municipal para recuperar los bienes sustraídos a la ciudad responde a que «el embargo de bienes ofrece más garantías de que pueda ejecutarse la sentencia».

Condenados

Aunque pendientes de valoración, la intención del equipo de gobierno es que estos bienes aseguren que los herederos del exalcalde respondan a la sentencia que les condenó a devolver a la ciudad más de 100 millones de euros por transferencias sin justificar desde el Ayuntamiento a cuatro sociedades municipales entre los años 1994 y 1999. Se trata de una causa en la que está igualmente condenado el exteniente de alcalde, Pedro Román, -al que el Tribunal de Cuentas ha embargado ya hasta 41 propiedades-, además de los exediles Marisa Alcalá, Rafael González y Antonio Luque, y al exalcalde Julián Muñoz.

El tribunal cifró en 66,5 millones de euros los perjuicios ocasionados al Ayuntamiento, cantidad a la que hay que añadir otros 39 millones en intereses.

«Con este procedimiento lo que hacemos es ir levantando el velo de la personalidad jurídica. Hasta ahora, los embargos se venían produciendo sobre sociedades en determinados ámbitos y eso acarreaba el riesgo de que determinados bienes pudiesen desaparecer, de modo que las mercantiles quedasen como cascarones vacíos que se adjudicase el Ayuntamiento», explicó Romero, quien añadió que «con la comprensión de los tribunales, estamos llegando a solicitar el embargo de bienes, de modo que éstos no puedan desaparecer del patrimonio de las empresas».

El pasado mes de julio, el Tribunal de Cuentas, a petición del Ayuntamiento marbellí, ordenaba el embargo cautelar de una serie de acciones de sociedades vinculadas a los herederos de Gil. Entre otras, destacan las de la entidad Amz SA, con 55.000 participaciones, las de Promociones Futbolísticas SA, con 9.000, o las de la Presidencia del Club Atlético de Madrid SL, con 499.

En ambos procedimientos se trata de medidas provisionales hasta tanto se resuelve la condenar del Supremo que se encuentra en fase de apelación. El tribunal consideró en su día que al haber aceptado la herencia de su padre, los cuatro hijos de Gil lo suceden «en todos sus derechos y obligaciones», a pesar de que los representantes legales del exalcalde, al fallecer éste, solicitaron al Tribunal de Cuentas que lo apartara del proceso por el que este organismo lo había emplazado a reintegrar las cantidades no justificadas. El procedimiento, con origen en un informe del organismo de control sobre las cuentas municipales, abrió paso en 2005 a la demanda de la Fiscalía. Al año siguiente, el Ministerio Fiscal inició el procedimiento contra sus hijos.

«Si se nos aceptan estos embargos, junto a los que ya se han realizado en empresas y bienes relacionados con el exteniente de alcalde Pedro Román, creemos que pueden llegar a garantizar la obtención de una parte importante de ese dinero que desapareció de las arcas del Ayuntamiento de Marbella», defendió ayer el portavoz municipal.

De momento, la batalla que sigue librando el Consistorio en los juzgados ha venido dando la razón a la ciudad. Además, Gobierno central dio luz verde hace tiempo a que todos los bienes que se obtengan procedentes de sentencias judiciales reviertan de nuevo en Marbella.

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