La enfermería del Madrid Arena era «un cuchitril»

La única cámara que no funcionaba la noche de la tragedia del Madrid Arena era justo la que enfocaba al vomitorio donde se produjo la avalancha en la que fallecieron las cinco jóvenes. Así lo han confirmado los abogados de las víctimas esta mañana tras la segunda visita que realizan al recinto municipal. En esta ocasión han inspeccionado el edificio en compañía del juez que instruye el caso, Eduardo Sánchez Palop, y el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix.

Felipe Moreno, letrado de la familia de Rocío Oña, ha valorado como “sospechoso” que la única cámara fuera de servicio esa noche fuera la que podría arrojar luz sobre la tragedia. Aún así ha avanzado que las más de mil horas que sí quedaron registradas servirán para calcular hasta qué punto se sobrepasó el aforo. De hecho las imágenes ya han demostrado que al inicio del concierto del Dj Steve Aoki entre 2.000 y 3.000 personas que se encontraban de botellón en las proximidades del Madrid Arena entraron en tromba a la pista central.

El abogado de la familia de Belén Langdon, Abdon Núñez, ha criticado a su vez el “cuchitril” que se eligió como enfermería, “en un sotano y sin ventilación alguna”. Los abogados han remarcado como las tres jóvenes a las que se intentó reanimar allí, Katia Esteban, Rocío Oña y Cristina Arce, tuvieron que ser trasladadas al lugar, aproximadamente a 150 metros del vomitorio, de unos brazos a otros debido a la masificación del recinto. Virginia López, abogada de Manos Limpias que se ha personado en la causa como acusación popular, ha señalado que “de haberse dispuesto una enfermería en condiciones tal vez el resultado de la tragedia hubiera sido diferente”.

Como ya hicieran tras la primera inspección los letrados han denunciado que solo se había dispuesto una salida de emergencia, que sirvió además para que entrara más gente al interior del edificio en lugar de como vía de escape. “Es tremendo y caótico. No tiene nombre”, ha afirmado Moreno acerca de la organización del evento. Según ha añadido Núñez, solo había tres salidas habilitadas además de la de emergencia ya que el resto quedaron inutilizadas por el escenario. “Querían desalojar más de 10.000 personas por tres salidas, algo que era totalmente inviable", ha denunciado.

Según los letrados, el juez dictará en los próximos días una diligencia para señalar qué personas van a declarar los días 15, 16, 21, 22 y 23 de enero, en calidad de imputados, como propuso el Ministerio Fiscal.

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