Las administraciones deben 5.510 millones a autónomos y pymes

Las distintas administraciones deben 5.510 millones de euros a autónomos y pymes, según denuncia la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que además responsabiliza a las instituciones de ser “el principal foco de destrucción de empleo” entre los pequeños empresarios. “Uno de cada cinco autónomos que cierran su negocio en la actualidad es por culpa de la morosidad pública”, asegura Lorenzo Amor, presidente de ATA.

La deuda comprende pagos no efectuados entre enero y finales de noviembre de este año, pero también facturas correspondientes a ejercicios precedentes que no se pudieron acoger al Plan de Pago a Proveedores que llevó a cabo el Gobierno durante el primer semestre del año. Los datos -recogidos en una encuesta realizada por el Observatorio de Trabajo Autónomo de la asociación- revelan que las administraciones públicas (gobiernos autonómicos, diputaciones, entes locales y empresas públicas) tardan una media de 163 días en pagar a sus proveedores, cifra que supera en más de tres veces el ratio europeo (51 días).

El plazo de pago de facturas es superior en las administraciones que concentran el mayor volumen de contratación de autónomos y pymes. Así, la central abona sus deudas en una media de 69 días; las comunidades autónomas en 149 y los ayuntamientos, en 177. Aún así, ATA está comprobando un progresivo aumento de la morosidad por parte de los gobiernos de las comunidades autónomas.

“Algunas se jactan de no aplicar recortes en sanidad o educación, pero luego no pagan a sus proveedores”, se queja Lorenzo Amor, que ha aludido directamente al caso de Andalucía, cuyas administraciones públicas ocupan el tercer puesto en el ránking de morosidad (166 días) por detrás de Cataluña y Comunidad Valenciana (166). Las más cumplidoras son las de País Vasco (49 días), Navarra (51) y La Rioja (55).

La encuesta revela que cuatro de cada diez autónomos tarda más de seis meses en cobrar, y que solo el 11,8% lo hace antes de 90 días. Amor denuncia “el incumplimiento generalizado” de la ley de morosidad española, que para este año contempla un plazo máximo de 45 días en el pago de facturas, “pero que no tiene ningún régimen sancionador”.

Y ha avanzado que, a partir del 16 de marzo del año que viene –cuando entra en vigor una directiva europea que reduce ese periodo de mora a 30 días- la asociación que preside denunciará a las administraciones incumplidoras. “Un país serio que quiere ganarse la credibilidad de los mercados, los ciudadanos y el resto de Europa, no puede permitirse que sus administraciones públicas tarden en pagar a sus proveedores más de cinco meses”, sostiene Amor.

El presidente de ATA ha valorado el Plan de Pago a Proveedores impulsado por el Gobierno central, que facilitó a entes locales y comunidades autónomas el pago de facturas, como “una de las medidas más importantes que se han tomado desde que se inició la crisis”, y que ha permitido “a muchos autónomos sostener sus negocios”. Pero ha advertido de que “la bola sigue aumentando”, de forma que muchas administraciones “están logrando financiarse gracias en parte al esfuerzo de muchos autónomos y pequeños empresarios a los que no pagan las facturas”.