Las exigencias de la troika dividen al Gobierno griego
El BCE, la CE y el FMI han planteado reducir la indemnización por despido e imponer la semana laboral de seis días
ATENAS Actualizado: GuardarLas diferencias en el tripartito que forma al Gobierno griego, dirigido por el conservador Andonis Samarás, se han puesto de manifiesto a cuenta de las exigencias de la troika sobre los cambios en la legislación laboral helena.
Mientras que los conservadores de Samarás han dejado abierta la posibilidad de aceptar el planteamiento de la troika, sus socios de coalición, los socialistas de Evangelos Venizelos y la izquierda moderada de Fotis Kuvelis, han rechazado de plano las exigencias planteadas, que entre otras medidas, contempla la abolición de los convenios colectivos.
"La troika debe entender que sus exigencias sobre los cambios de la legislación laboral son inaceptables porque eliminan todo derecho laboral", ha declarado Kuvelis, líder del partido de centroizquierda Dimar, tras la reunión de los jefes de filas de las formaciones del tripartito. En el encuentro ha participado, además de Kuvelis, el líder de la formación socialdemócrata Pasok, Evangelos Venizelos, y Samarás, como el máximo dirigente de Nueva Democracia.
Venizelos también ha criticado las exigencias de los acreedores internacionales al asegurar: "Los cambios a la legislación laboral que hicimos en febrero son el límite que puede soportar la sociedad griega".
Las condiciones
La troika formada por el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha planteado reducir la indemnización por despido, acabar con los aumentos salariales por antigüedad e imponer la semana laboral de seis días.
Las exigencias de la troika, que incluyen además la eliminación de los convenios colectivos, han sido contestadas por los sindicatos con la convocatoria de una huelga general para el 18 de octubre, la quinta en lo que va de año.
Además de la reforma laboral, el nuevo paquete de austeridad que se negocia, de 13.500 millones de euros, incluye elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, recortes en salarios públicos, pensiones y prestaciones sociales.
