Cifran en 17 millones lo defraudado en 241 ERE irregulares

El consejero andaluz de Economía, Antonio Ávila, ha cifrado en 17 millones de euros las ayudas percibidas irregularmente por los 241 perceptores ilegales de ERE detectados hasta ahora por la Junta, de entre 6.473 beneficiarios, y ha pedido que no se ofrezca una "falsa imagen" de corrupción generalizada.

Ávila ha precisado en la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre estas irregularidades que estos 241 perceptores ilegales suponen sOlo el 3,7% de los 6.473 empleados que recibieron ayudas de prejubilación de la Junta entre 2001 y 2010, y el 0,29% de los 81.464 trabajadores andaluces afectados por un ERE en dicho periodo.

El consejero ha rehusado precisar la cantidad final defraudada o el dinero recuperado por la Junta al alegar que la revisión de los casi 200 expedientes sospechosos es "un proceso dinámico". Sí ha proclamado que "no debe permitirse un solo caso fraudulento" del uso de recursos públicos, pero ha denunciado la "injusta criminalización que, de manera interesada y a veces partidista", se ha hecho de los ERE.

También ha recordado que los 81.464 trabajadores andaluces afectados por un ERE entre 2001 y 2010 suponen un 5% del total nacional, porcentaje muy inferior al peso económico y demográfico andaluz en España, por lo que ha deplorado que se dañe la imagen de Andalucía asimilándola como "la tierra de los ERE".

A preguntas de la diputada de IU Alba Doblas sobre la "chapuza" del sistema de estas ayudas y del informe de la Intervención de 2005 que expuso la "ausencia" de procedimiento y la vulneración de leyes, Ávila se ha mostrado convencido de que "todos" los procedimientos "son susceptibles de ser eludidos y truncados" y -ha agregado- que "parece evidente que así ha sido". Ha asegurado que ha conocido este informe recientemente, si bien ha estimado que la Intervención "no dice" que el procedimiento facilitara el fraude.

Falta de regulación

Carlos Rojas, portavoz del PP, ha interpelado a Ávila por si el Consejo Rector del IFA o de IDEA encargaron una investigación sobre las ayudas que le ordenaba Empleo, a lo que ha respondido que ambas entidades eran "meras pagadoras y no había nada que investigar".

Como otros comparecientes, ha situado la responsabilidad de los fraudes en la Dirección General de Trabajo que dirigía Francisco Javier Guerrero al apostillar: "Las decisiones eran de esa Dirección General; si eso es discrecionalidad, pues la hubo". Sí ha admitido que, como presidente del Consejo Rector del IFA, cuestionó en un informe la expresión "incondicionada" para una ayuda porque "no entraba en la lógica".

También ha reconocido que el convenio marco origen del procedimiento investigado "no está regulado en ninguna orden o norma", a lo que Rojas le ha espetado que de esta "opacidad" han surgido" las irregularidades y le ha reprochado que "no leyera" los expedientes de ayudas que ordenaba Empleo y que todo se hiciera "sin publicidad". "Ni era mi misión, ni me consta que nadie lo pidiese. El asunto nunca se ha tratado en el Consejo de Gobierno", ha acotado Ávila.

Las preguntas de Enrique Benítez (PSOE) han permitido al consejero explicar las competencias y atribuciones de sus distintos cargos, así como los motivos por los que la Junta impulsó una política de ayudas sociolaborales y a empresas.

Ávila, alto cargo de la Junta de Andalucía desde 1996, cuando fue nombrado director general de Fondos Europeos, es el primer miembro del actual Gobierno andaluz que preside Griñán que declara en esta comisión, circunstancia que ha subrayado la diputada de IU Alba Doblas al destacar los escasísimos casos de gobiernos que comparecen ante comisiones de investigación.

Carencia de controles previos

Por su parte, el exinterventor de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha destacado que el procedimiento creado en 2001 por la Consejería de Empleo para financiar los ERE mediante transferencias al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) era "legal" pero "inadecuado" porque carecía de controles previos.

Gómez ha explicado que la Intervención detectó y alertó en quince ocasiones de "incumplimientos y deficiencias" en la tramitación de estas ayudas "sin procedimiento legal", pero no pudo realizar un informe de actuación porque las detectó en el IFA pero las irregularidades eran responsabilidad de Empleo. Ha detallado que, con este procedimiento de gestión, las ayudas de Empleo "no estaban sujetas a la fiscalización previa" de la Intervención, "consecuencia del sistema diseñado".

A preguntas de la diputada de IU Alba Doblas sobre cómo se repartían estas ayudas de Empleo, Gómez, interventor general de la Junta entre 2000 y 2010, ha espetado: "No he visto un caso como este". Ha explicado que este sistema no requería fiscalización previa, por lo que la Intervención tuvo que redactar un informe especial tras advertir "deficiencias administrativas muy serias" al auditar el IFA y descubrir estas anomalías en órdenes de pago que le dictaba Empleo.

Aunque ha precisado que el "marco de las ayudas" creado por Empleo era legal y se consignaba cada año en el Presupuesto de la Junta en la partida 31L,Gómez ha matizado que lo que "no dice el presupuesto" es cómo se gestionan las ayudas, materia que regulan leyes como la de subvenciones o de Hacienda Pública.

Los informes de Intervención detectaron en varios años "deficiencias" en las transferencias de Empleo al IFA, "errores o incumplimientos" en expedientes de gasto, tramitación de subvenciones "vulnerando" las normas de ejecución o concesión de subvenciones "sin procedimiento legal".

Todos los informes de Intervención, según Gómez, fueron remitidos a sus destinatarios legales: IFA o la Agencia IDEA, la Consejería de Innovación, de la que dependían estos entes gestores; la de Empleo, y la de Economía y Hacienda. Respecto a si el entonces consejero de Hacienda, José Antonio Griñán, tuvo que conocer este informe, Gómez ha interpretado que lo conoció pues la "insuficiencia presupuestaria" de 38 millones detectada "sí fue objeto de atención (de Hacienda) porque se fue reduciendo hasta que desapareció". Aun así, ha esgrimido que "nunca se dedujo la existencia de un supuesto de fraude o menoscabo" de fondos públicos.