Putin intensifica la persecución contra sus adversarios políticos

La oposición rusa ha logrado que la manifestación de mañana en Moscú sea autorizada, pero, con el evidente objetivo de intimidar y desmovilizar al mayor número de personas posible, desde esta mañana no cesan los registros policiales en los domicilios de los principales organizadores de la protesta. La medida se ha aplicado contra el bloguero anticorrupción, Alexéi Navalni, el líder del Frente de Izquierdas, Serguéi Udaltsov, los dirigentes de Solidaridad, Borís Nemtsov e Iliá Yashin, además de la presentadora de televisión, Ksenia Sobchak.

La letrada Olga Mijaílova, sostiene que los agentes no han dejado a los afectados estar presentes durante las pesquisas policiales ni tampoco a sus abogados, algunos de los cuales pudieron acceder a la vivienda tras varias horas de espera. Según Navalni, de su piso se han llevaron “el ordenador, documentos, CDs e incluso ropa”. En el caso de Sobchak se ha incautado también dinero en metálico. De acuerdo con las informaciones de la Policía la hija del difunto alcalde de San Petersburgo tenía en su casa más de un millón de euros.

Los registros han sido ordenados por el Comité de Instrucción, órgano vinculado a la Fiscalía General aunque independiente, y, según su portavoz, Vladímir Markin, “es completamente legal y se realiza en el marco de la investigación que se está llevando a cabo por los desórdenes habidos en la concentración del pasado 6 de mayo y el expediente criminal incoado al respecto”. Entonces resultaron heridos varios agente de la unidad antidisturbios y en relación con el caso han sido detenidas 12 personas.

Navalni, Udaltsov, Nemtsov, Yashin y Sobchak han sido citados mañana a declarar en el juzgado con lo que probablemente no podrán participar en el mitin previsto tras la marcha por el centro de Moscú. Las organizaciones de Derechos Humanos creen que todo se trata de una maniobra intimidatoria para impedir que la convocatoria sea un éxito. Se da además la circunstancia de que el pasado sábado entró en vigor una nueva ley que endurece las sanciones a los infractores de la normativa que regula el desarrollo de actos públicos.

Las multas para los manifestantes que violen la ley oscilan entre los 10.000 y los 300.000 rublos (entre 250 y 7.500 euros), para los dirigentes políticos implicados pueden llegar a 600.000 rublos (15.000 euros) y para las organizaciones convocantes alcanzan el millón de rublos (25.000 euros). Se tipifica como infracción, no ya el uso de la violencia o la desobediencia a la Policía, sino superar el número de manifestantes declarados en la solicitud de permiso para celebrar el acto, dificultar la circulación de peatones por la acera e incluso pisar el césped. Las irregularidades habidas en las elecciones legislativas de diciembre y en las presidenciales de marzo son la razón de que las protestas no cesen y Putin parece estar ya harto.