El TSJA valida la grabación de los exdirectivos de Mercasevilla que dio origen al caso

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado válida la grabación en la que los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce supuestamente pidieron una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios.

En una resolución de la sala de lo Civil y Penal del TSJA, el tribunal con sede en Granada afirma que la grabación no produjo vulneración del derecho a la intimidad ni al secreto de las comunicaciones de los acusados. El tribunal defiende la "buena fe" de los empresarios, que hicieron la grabación "para constatar que la persona con más alta responsabilidad no era ajena" a la petición de la comisión de 450.000 euros, y precisa que no existe provocación por su parte en la comisión del presunto cohecho.

La resolución del TSJA se produce tras la vista celebrada el 28 de marzo, en la que los defensores alegaron que debía declararse nula la grabación en la que dos empresarios del Grupo La Raza de hostelería recogieron, el 27 de enero de 2009, la petición de soborno como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla.

Suspensión de cargo y multa

El TSJA recuerda que los empresarios hicieron la grabación para protegerse y defenderse en un futuro y por indicaciones del director de la Oficina de Coordinación de la Consejería de la Presidencia de la Junta, Juan Gallo. En este caso, primero de los cuatro sumarios de Mercasevilla que llega a juicio, están imputados los exdirectivos del mercado Fernando Mellet y Daniel Ponce, el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y la funcionaria M.R.P.B.

Además de la validez de las grabaciones, el TSJA subraya que los cuatro imputados tienen consideración de funcionarios públicos a efectos penales porque Mercasevilla es una empresa mixta del sector público local, encargada de la prestación de un servicio público de competencia local y con capital mayoritario público.

La Fiscalía ha pedido para cada uno de ellos 21 meses de suspensión para cargo público y 900.000 euros de multa en un caso que verá un jurado presidido por el magistrado Ángel Márquez, que ya consideró en enero pasado válidas las grabaciones de los empresarios.

Tras este sumario, la juez Mercedes Alaya abrió otros por delito societario en las cuentas de Mercasevilla, por lo que ha denominado "venta fraudulenta" de los terrenos y por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos pagados por la Junta en esta y otras empresas.