La Audiencia confirma el chivatazo, pero pide al juez Ruz que amplíe la investigación

Hubo chivatazo a ETA y hubo delito, pero, al menos por ahora, no hay pruebas suficientes para sentar en el banquillo a los tres mandos policías acusados del soplo al aparato de extorsión terrorista en Irún el 4 mayo de 2006. Por unanimidad, con algunas controversias jurídicas y técnicas, pero tras apenas cuatro horas de deliberaciones, los quince magistrados del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidieron revocar el procesamiento del exdirector de la Policía Victor García Hidalgo, el jefe Superior del País Vasco, Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros.

Los jueces, al tiempo que echaban por tierra la decisión tomada el pasado 13 de julio por el instructor Pablo Ruz de llevar a juicio a los tres imputados, devolvieron los 23 tomos del sumario al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la calle Génova, quien deberá seguir investigando para intentar encontrar indicios más sólidos que el tráfico de llamadas entre los implicados si quiere volver a elevar a la sección este caso para que sea enjuiciado. Las reacciones políticas del anuncio no se hicieron esperar y varias personalidades del mundo político lo interpretaron en diferente clave.

Fue una decisión sorpresiva, ya que se esperaba que los magistrados centraran su debate en si el caso se quedaba en la Au simple revelación de secretos, como pedía el Ministerio Público, que en la sesión del martes ya apuntó sus dudas sobre el procesamiento habida cuenta de la "debilidad" de las pruebas.

Con los votos a favor de todos los jueces, el máximo órgano de la Audiencia Nacional hizo suyas las tesis del fiscal jefe, Javier Zaragoza, y, tras constatar que "los indicios contra los procesados no son suficientes" para llevarles ante un tribunal, decidió estimar parcialmente los recursos de apelación interpuestos por García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros. Las defensas de los procesados, durante la vista previa del martes, lejos de entrar en la competencia o no de la Audiencia Nacional como hicieron las acusaciones, habían pedido directamente el archivo de las actuaciones por la falta de pruebas que apuntasen a los policías, que siempre han defendido que nada tuvieron que ver con el soplo.

Una posibilidad, la de dar carpetazo definitivo al caso, que el pleno rechazó hoy porque los magistrados "aprecian indicios suficientes de un hecho que reviste los caracteres de delito", o sea que sí que existió la delación, supuestamente policial, a ETA y que ese soplo es un ilícito penal castigable.

Reabrir el caso

Los jueces, habida cuenta de las pruebas de que efectivamente los 'recaudadores' del 'impuesto revolucionario' recibieron un chivatazo sobre la inminente operación policial en el entorno del 'Bar Faisán', ordenaron a Ruz que reabra el caso que dio por concluido, con el beneplácito de la Fiscalía, el pasado julio, tras algo más de cinco años de investigaciones y cuatro jueces diferentes a cargo del sumario (Fernando Grande-Marlaska, Baltasar Garzón, Santiago Pedraz y el propio Ruz).

La Sala de lo Penal aprovechó para dar un indisimulado 'tirón de orejas' a Pablo Ruz a quien "requieren" una "más amplia investigación" para llevar a sus superiores pruebas más concluyentes de quién o quiénes avisaron al dueño del Faisán, Joseba Elosúa, de que los servicios de Información de la Policía le seguían los pasos muy de cerca.

Ruz, tras este varapalo, deberá decidir en breve si amplia la investigación con nuevos interrogatorios y si acepta las diligencias que le habían solicitado las acusaciones y las defensas y que en su día rechazó, tales como la petición de Pamiés de que fueran interrogados todos los policías que integraban el equipo de investigación de Carlos Germán. Pero el instructor también tiene otra opción: tirar la toalla y archivar el caso por falta de autor conocido, tal y como le solicitó el fiscal Carlos Bautista al anterior instructor, Baltasar Garzón, en octubre de 2009, cuando consideraba que la investigación había llegado a una vía muerta sin poder determinar quiénes dieron el soplo.

Sin calificación

El asunto que se presumía el fondo de la reunión, si fue colaboración o si fue revelación de secretos, los jueces ni lo trataron. Los quince magistrados, al no ver suficientes indicios contra García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros, ni siquiera entraron a analizar "la cuestión de la calificación jurídica concreta de tales hechos". Una cuestión que hubiera aclarado qué tribunal es el competente y, sobre todo, si los tres imputados (ya no procesados) se enfrentaban a penas de una década de prisión o 'solo' a tres años entre rejas.

Este miércoles, la Audiencia Nacional solo adelantó el fallo. Su argumentación completa de por qué cree que no hay indicios suficientes contra los tres mandos de la Policía Nacional se conocerá en los próximos días a través de un auto, del que será ponente el magistrado José Ricardo de Prada.

Este juez, en abril, con ocasión de un recurso de la Fiscalía, ya redactó un voto particular al resto de la Sección Segunda en el que defendió que el chivatazo no podía ser un delito de colaboración con organización terrorista y que, en cualquier caso, el soplo tenía "plena justificación" en el marco de "un proceso de negociación política o de un proceso de paz".