Sebastián y las autonomías piden a los políticos que resuelvan cuanto antes la 'guerra de los concesionarios'

El Ministerio de Industria y las comunidades autónomas con plantas de automoción (Galicia, Navarra, Aragón, Castilla y León, País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid) buscan a toda prisa la manera de resolver la 'guerra de los concesionarios'.

Ambas partes, reunidas de urgencia en Madrid, han trasladado la pelota al tejado de los políticos, de donde surgió el entuerto al aprobar toda la oposición una enmienda a la Ley de Economía sostenible que da un vuelco completo a la relación contractual que mantienen marcas y vendedores.

El encuentro no estuvo exento de tensión, ya que más de un consejero autonómico guardaba una posición muy incómoda. Y es que la enmienda salió adelante con el apoyo, entre otros, de PP y CiU; ambos con responsabilidades de gobierno en alguna de las regiones afectadas. Finalmente, Miguel Sebastián y los consejeros firmaron un documento en el que piden a las fuerzas parlamentarias que "valoren los efectos de esta enmienda y busquen soluciones para equilibrar los intereses de los operadores en el sector". El responsable aragonés, Arturo Aliaga, llegó a proponer un "pacto entre caballeros" para no aplicar la enmienda hasta que se calme la situación.

La idea es clara: no puede haber vencedores ni vencidos. Es más, el texto añade que los partícipes en el cónclave han coincidido "en reconocer que el sector de la distribución de vehículos pasa por momentos complicados, y que algunas de sus demandas deben ser tenidas en cuenta, en particular en la actual coyuntura".

Curioso mensaje si tiene en cuenta que la enmienda (que otorga a los concesionarios mucho más de lo que nunca soñaron) se convertirá en ley perfectamente vigente una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Quizá por eso Faconauto se muestra más que dispuesta al diálogo, sabedora de que aún con un recorte sobre lo ya obtenido estaría en mucho mejor situación que hasta ahora.

Los fabricantes guardan silencio y prefieren esperar a la cita a la que Miguel Sebastián les ha convocado para este miércoles. Mientras tanto, marcas y vendedores tratan de hacer 'lobby' con las fuerzas parlamentarias.

En busca de 'hueco' legal

Los políticos deben ahora 'buscarse la vida' para pacificar el sector. Y si es a través de otra enmienda en cualquier ley que se esté tramitando en las Cortes, que así sea. Industria, por su parte, se ha comprometido a acelerar al máximo el anteproyecto de ley de contratos de distribución, que espera aprobar en Consejo de Ministros antes de tres meses. Una norma que, promete el ministro, recogerá y satisfará de forma equilibrada los intereses de unos y otros. El problema es que esos tres meses, más el tiempo que tardara el anteproyecto en convertirse en ley, es demasiado tiempo y hay mucho en juego.

El documento de Gobierno y autonomías, que lógicamente apuestan por el diálogo, resalta la importancia de "preservar la confianza hacia España que han mostrado los fabricantes". Una confianza, añade, "que se hace evidente en la permanencia de los once fabricantes extranjeros en territorio español tras estos años de difícil ajuste, así como en los anuncios de importantes planes de inversión por buena parte de los mismos".

Todas las administraciones -incluido el propio ministro Sebastián en persona- se han involucrado en los últimos tiempos para favorecer la permanencia de los constructores en España. Planes específicos, ayudas, subvenciones, créditos blandos. Toda una panoplia de ventajas institucionales para cautivar a las multinacionales que en muchas ocasiones ha dado su fruto.

No en vano, muchas marcas han apostado por sus plantas españolas concediéndoles nuevos modelos o manteniendo su producción sin dejarse llevar por los cantos de sirena de otros países con costes laborales mucho menores. Por eso también la crispación por la sorpresiva enmienda ha desatado las críticas de UGT, el sindicato mayoritario en la automoción, que no ha dudado en acusar de irresponsables a los promotores de la nueva regulación.

Indemnizaciones

Ese novedoso marco permite a los concesionarios, entre otras cosas, devolver a las marcas los coches que no hayan logrado vender en dos meses. Cuando se rescindan los contratos, las marcas, además, estarán obligadas a indemnizar a los vendedores por las inversiones no amortizadas y por los despidos que deban realizar, así como a comprarles al mismo precio al que se los vendieron tanto los vehículos como los repuestos.

En ese escenario, los fabricantes afirman que no renovarán ni un solo contrato y que se dedicarán a crear ellos mismos su red de 'concesionarios' lo que, dicen algunos como Sebastián, encarecería el precio de los vehículos. Faconauto cree lo contrario: que sin tener que soportar los costes financieros de un enorme 'stock', los concesionarios podrán hacer rebajas de hasta 500 euros por coche.