PSOE y PP bloquean el intento de limitar las pensiones de González y Aznar

El PSOE y el PP se han quedado solos a la hora de defender el mantenimiento de las pensiones vitalicias que cobran los expresidentes del Gobierno, como Felipe González o José María Aznar, pero la suma mayoritaria de sus votos ha bloqueado una proposición de Ley Orgánica de ERC-IU-ICV que quería poner límites.

La toma en consideración de la propuesta ha sido rechazada por 328 votos en contra, 17 a favor y una abstención, ya que aunque las minorías la apoyaban, la mayoría conformada por los grupos socialista y popular ha permitido desestimar la iniciativa.

Ha defendido la reforma el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, quien ha arrancado su alocución con una encendida defensa de la labor política "noble, digna y austera", y ha negado que los políticos sean unos "privilegiados" porque, ha remarcado, son "vocacionales" y están comprometidos con la actividad pública. El propósito de su propuesta era "avanzar en la transparencia" porque, ha manifestado, "la antesala de la corrupción política es la confusión y la colusión entre lo público y lo privado".

Así, IU planteaba un sueldo digno para cada cargo público, dedicación "exclusiva", incompatibilidad entre más de una asignación pública y de éstas con las privadas, y también limitar las indemnizaciones a exdiputados y senadores, pese a reconocer que son las más austeras de Europa. Por ello apostaba no sólo por acortar a dos años las pensiones de los expresidentes del Gobierno, ahora vitalicias, sino por evitar que fuesen compatibles con retribuciones privadas. "No se puede compatibilizar con empresas privadas, que pretenden convertir las relaciones del presidente del Gobierno en un fondo de mercado", agregaba Llamazares, que también abogaba por regular los "lobbys" de presión que actúan en el Parlamento.

Cambios "populistas"

En nombre del PSOE, Daniel Fernández ha justificado el voto en contra de su grupo por entender que la proposición no mejora la eficacia de las incompatibilidades y porque sus medidas "van en una dirección errónea y perjudicial para la buena salud del Parlamento", ya que contribuirían a la "profesionalización" de la política. Tras remarcar el compromiso del Gobierno a favor de la transparencia, ha anunciado que el grupo socialista promoverá propuestas para mejorarla en lo que se refiere al patrimonio y la renta de los parlamentarios. "Entre el privilegio y populismo hay un espacio más que suficiente para la decencia y el buen hacer en un ámbito que afecta directamente a la credibilidad de nuestra democracia", ha concluido.

El diputado Vicente Ferrer avanzó el voto en contra del PP alegando que los cambios que propone IU son innecesarios ahora y no pueden calificarse de oportunos, sino de oportunistas. Después de indicar que el PP no se cierra a modificar el régimen de incompatibilidades, ha precisado que no apoyará legislar "de forma improvisada y populista, al socaire de un estado de opinión pública de cierto cansancio hacia la clase política motivado por razones totalmente ajenas al modelo normativo". Y es que, según su criterio, "a nadie se le oculta" que la propuesta obedece a un determinado estado de opinión, con una ciudadanía descontenta con la clase política, pero no por su régimen de incompatibilidades, sino por la crisis económica y la falta de soluciones a la misma.

CiU respaldaba la iniciativa pero sólo en parte porque, según el diputado Jordi Xuclá, es conveniente revisar la compatibilidad de las pensiones vitalicias de los expresidentes y regular los "lobbys" de presión para que afloren sus intereses. Sin embargo, no quiere un régimen de incompatibilidades "absolutas" porque CiU apuesta por mejorar los mecanismos de control en vez de esta medida tan rígida.

Por el PNV, Aitor Esteban adelantó el voto a favor de su grupo porque cree "inaceptable" que un expresidente siga percibiendo una retribución pública cuando se integra a una actividad privada con mayor salario. "O se ejerce de expresidente o se ejerce de lobbysta", distinguía Esteban, quien, no obstante, hacñia un alegato de la política entendida como servicio público.

Francisco Jorquera, del BNG, ha calificado de "intolerable" que los expresidentes compatibilicen sueldos privados con prerrogativas de ex altos cargos y Rosa Díez (UPyD) ha avisado a PSOE y PP de que "más pronto que tarde" tendrán que apoyar una propuesta como ésta que hoy van a rechazar, ya sea "por convicción o por necesidad".