El Gobierno rechaza legalizar los vientres de alquiler

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado que el Gobierno "en ningún momento" se ha planteado la hipótesis de legalizar en España la gestación subrogada y ha defendido que está "garantizada" la seguridad jurídica de los menores con la nueva instrucción que permite inscribir en el Registro Civil a los niños concebidos mediante la práctica conocida como vientre de alquiler.

En una entrevista concedida a Europa Press, Caamaño desvincula la nueva vía abierta por su ministerio para inscribir a los hijos de vientres de alquiler de una hipotética legalización en España de esta práctica, ya que, según puntualiza, son "temas completamente distintos". "No hemos pensado en ningún momento en modificar la ley que ahora existe", ha zanjado.

Respecto a la instrucción de la Dirección General de Registros y Notariados del Ministerio de Justicia que dará cobertura legal en España a los niños nacidos mediante un vientre de alquiler en el extranjero, el ministro ha criticado que el PP haya "mezclado deliberadamente" esta vía con una teórica legalización de la gestación por sustitución, que en España no está reglamentada, pero sí en algunos estados de EE.UU., en India, Rusia, Ucrania, Reino Unido o en Grecia.

"Garantías" estipuladas

Caamaño ha defendido que "se ha pensado en el interés del menor" porque "esos hijos de españoles tendrán que poder ser inscritos en España" y ha apuntado que con la instrucción se sigue "la doctrina del Supremo en esta materia". Así, precisa que se han estipulado "garantías" de que todos los consulados y oficinas de registro van a ser "muy exigentes" para preservar que no existe "una documentación pantalla que oculte tras de sí un tráfico de niños" y que existe "un consentimiento de la propia mujer que ha decidido alquilar su vientre".

Entre las garantías del proceso, el ministro ha citado que los padres deberán presentar una resolución judicial del país donde es legal el contrato de gestación sustitutiva que reconozca el vínculo con el niño y que la madre ha dado su consentimiento expreso. Además, esa resolución judicial extranjera deberá ser validada por el sistema judicial español, que "verifica que se han cumplido todos los requisitos" y que se preservan "todas las garantías".