Defraudadores somos casi todos

Un 43% de los ciudadanos encuestados por el Instituto de Estudios Fiscales en su Barómetro anual justifica el fraude tributario. Para el 34%, las circunstancia obligan a incumplir los deberes fiscales "para salir adelante", mientras el 9% restante considera que "lo normal es evadir impuestos". La evolución de este pensamiento poco tiene que ver con la crisis. En 2007, el último año de bonanza, un 41% de los consultados aceptaba que los contribuyentes engañaran al Fisco si se veían obligados a ello por causas económicas, junto al 8% que cuestionaba de plano el pago de impuestos con el argumento de que "todos tienden a hacerlo".

La tolerancia hacia el fraude es mayor entre los empresarios (50%) y los profesionales (48%) y crece a medida que aumenta la edad de los consultados durante su etapa activa, hasta alcanzar el 49% en el colectivo de 40 a 54 años. Cuando se acerca la edad de jubilación, los ciudadanos se vuelven menos permisivos con el engaño. Entre los mayores de 65 años, solo el 31% justifica el fraude fiscal.

Las vacas flacas han deteriorado, eso sí, la idea que los contribuyentes tienen de la honestidad tributaria de sus conciudadanos. En 2009, dos tercios de los encuestados piensan que el fraude fiscal ha aumentado en la última década. Excluido el efecto de la falta de respuestas, la proporción de quienes perciben un incremento de la conducta defraudadora se dispara al 75%, la más elevada desde que en 1995 se inició esta consulta. Antes de la recesión, ese porcentaje se situaba en el 51% y llegó a ser del 24% hace justamente diez años.

La consulta revela que uno de cada dos españoles considera el fraude fiscal una práctica generalizada. Y, cuando se habla de defraudadores contumaces, a los encuestados les viene a la mente la imagen de un empresario. Por eso, un 47% atribuye a los emprendedores la actitud fiscal más deshonesta. Incluso los propios 'hombres de negocios' parecen dispuestos a la autocrítica, porque un tercio del grupo de empresarios entrevistados opina que es su colectivo el que más oculta o engaña.

A gran distancia figuran las profesiones liberales (16% de menciones, frente al 14% de la consulta anterior) y los autónomos, que suben al 15% desde el 11% precedente. Los encuestados muestran gran imaginación a la hora de identificar a los incumplidores, Algunos hablan de los constructores, otros de las mafias, los hay que mencionan directamente a los políticos, los famosos, la banca, los funcionarios, los trabajadores de baja por enfermedad... Todos ellos aparecen agrupados en el epígrafe de 'otros', que suma el 10% del total de citados.

El Instituto de Estudios Fiscales realiza un seguimiento de la opinión de los contribuyentes por encargo del Ministerio de Hacienda. Los resultados de la última edición de esta encuesta confirman que la impunidad de los defraudadores y la ineficacia de la lucha contra el fraude son las principales causas del incumplimiento tributario en nuestro país. Abundan además las menciones a la presión fiscal excesiva, la falta de conciencia cívica y la necesidad de "trampear" para salir adelante. Desde que arrancó la crisis, las causas económicas cobran peso entre los factores a los que se atribuye el fraude.

Economía sumergida

La casi totalidad de la población encuestada (un 95%) piensa que el comportamiento defraudador tiene consecuencias negativas. La economía sumergida -la práctica de ocultar actividades a Hacienda y a la Seguridad Social- se considera el tipo de fraude más perjudicial para el conjunto de la sociedad. Los técnicos del Ministerio de Hacienda, al conocer este dato, insisten en su estimación de que la economía sumergida alcanza en España el 23,3% del Producto Interior Bruto, es decir, que unos 240.000 millones de euros escapan al control del Fisco. Por eso reivindican como objetivo prioritario la mejora de la eficacia en la lucha contra el fraude y para destapar las bolsas de dinero negro.

Cuando los ciudadanos incumplen sus obligaciones tributarias -opina la mayoría de los encuestados por el Instituto de Estudios Fiscales-, faltan recursos para financiar los servicios públicos.

Y los consultados quieren que se mantenga el régimen de este tipo de prestaciones. A la pregunta sobre una posible participación de la iniciativa privada en la gestión o financiación de los servicios y prestaciones públicas, más de la mitad de los encuestados se declara en contra (57% en la gestión y 55% en la financiación). Si tuviera que hacerlo, las preferencias se dirigen a los transportes y las infraestructuras.

El informe pone de manifiesto que la utilización de los servicios públicos, en especial de los sanitarios, las infraestructuras y los transportes, aumentó en la medida en que se iba agudizando la crisis. El acceso universal a la sanidad, con ser una de las prestaciones mejor valoradas, no se libra de la percepción mayoritaria (expresada por un 73%) de que existe un margen de mejora.

La edición del Barómetro que acaba de publicar el Instituto de Estudios Fiscales desvela, finalmente, que la mayoría de los ciudadanos no quiere pagar precios más altos o abonar más impuestos para preservar el medio ambiente. Se muestran dispuestos a modificar sus hábitos de consumo o a reducir algo su bienestar, únicamente. Preguntados sobre a quién corresponde la responsabilidad de proteger el entorno natural, los encuestados opinan que se trata de una responsabilidad compartida entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos, con un papel más activo de las primeras.