Ocho crímenes de ETA en busca de autor

Un total de ocho atentados con once víctimas mortales cometidos desde que ETA rompiera la tregua del año 1999 continúan si estar esclarecidos bien sea policial o judicialmente. La cifra podría reducirse si la investigación de la Ertzaintza confirma la relación del detenido ayer en Hernani, Gurutz Agirresarobe, con el asesinato del presidente del PP de Aragón, Manuel Giménez Abad, cometido en 2001.

Desde que ETA rompió la tregua mantenida entre septiembre de 1998 y diciembre del año siguiente, la banda terrorista ha cometido 47 atentados con víctimas mortales, que han costado la vida a un total de 58 personas. La mayoría de esos atentados están esclarecidos desde el punto de vista policial, ya que se sabe qué comando o qué etarras los llevaron a cabo, aunque en algunos casos los supuestos autores no hayan sido detenidos o las imputaciones no hayan sido sustanciadas ante los tribunales. En estos casos es cuestión de tiempo que se produzcan las detenciones o la actuación judicial.

Así, por ejemplo, el asesinato del ex concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco se atribuye en medios policiales al 'comando Ezuste' o alguno de los miembros 'legales' (no fichados) que, con base en Hernani, estuvieron actuando en Guipúzcoa durante el año 2008. Sin embargo, aunque ese entramado está desarticulado, no hay todavía acusaciones judiciales por ese crimen contra los etarras integrantes de esa estructura terrorista. Las investigaciones llevan su tiempo como se evidencia en el caso del asesinato de Ignacio Uría, cometido en diciembre de 2008. Aunque la desarticulación del comando implicado en ese atentado se produjo hace más de 17 meses, la Audiencia Nacional no acusó formalmente del crimen hasta hace pocos días a miembros del 'Ezuste' y del 'comando Asti', que actuaba a sus órdenes.

De Máximo Casado a Eduardo Puelles

En el año 2000 hubo un total de 18 atentados mortales con 23 víctimas de los que está pendiente de esclarecer el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado, perpetrado el 22 de octubre mediante la explosión de una bomba lapa colocada bajo su automóvil cuando estaba aparcado en el garaje de la vivienda. Un vecino de la víctima fue condenado por facilitar a ETA la información para el atentado, pero se desconoce quien colocó la bomba.

De los atentados mortales del año siguiente -catorce con quince víctimas- están sin esclarecer las muertes de Manuel Giménez, abatido a tiros en Zaragoza con la misma pistola empleada para matar a Joseba Pagazaurtundua, y de los ertzainas Ana Isabel Aróstegui y Francisco Javier Mijangos, asesinados a tiros el 23 de noviembre de 2001 cuando regulaban el tráfico en Beasain. Los disparos los efectuaron un hombre y una mujer, mientras un tercer etarra les cubría. Ninguno de ellos está identificado.

En 2002 hubo cuatro atentados en los que perdieron la vida cinco personas. El único sin autoría conocida hasta el momento es el que costó la vida al cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro Montes, víctima de una bomba trampa colocada junto a una pancarta en las afueras de la localidad navarra de Leiza. También está sin esclarecer el asesinato de los policías nacionales Bonifacio Martín Hernández y Julián Embid, cometido en la localidad navarra de Sangüesa el 30 de mayo de 2003 mediante una bomba lapa colocada bajo su coche. En medios policiales se cree que en Navarra estuvo actuando un comando 'legal' de ETA hasta finales de 2003 que pudo ser el autor de esos atentados, pero no está comprobada esta hipótesis.

Ya en 2008, está pendiente de averiguar quienes fueron los etarras que el 29 de septiembre colocaron un coche bomba en las instalaciones del Patronato Militar de Santoña que, al explotar, se cobró la vida del brigada del Ejército Luis Conde de la Cruz.

Los últimos asesinatos no esclarecidos son los tres cometidos en 2009 mediante bombas lapa: el 19 de junio, en Arrigorriaga, fue asesinado el inspector del Cuerpo Nacional de Policía Eduardo Puelles García, mientras que el 30 de julio, en la localidad mallorquina de Calviá, perdieron la vida los guardias civiles Diego Salvá Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada. En los dos atentados los crímenes fueron cometidos mediante la colocación de artefactos bajo los automóviles de las víctimas.