El PP denuncia que la operación contra el presidente de la Diputación de Alicante «echa tufo a detención publicitaria»

La última operación policial contra cargos del PP, en Alicante y Orihuela, ha desatado las más airadas protestas del partido, que se siente víctima de una persecución orquestada desde el Ministerio del Interior. Especialmente después de que el Tribunal Suerior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) haya emitido una nota en la que aclara que el juez no ordenó las detenciones ni acordó citación alguna ni imputación judicial.

El secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha denunciado que esa orden de detención al presidente de la diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, "se tomó" en el Ministerio del Interior y ha acusado a la Policía de haber "suplantado gravísimamenete" al juez en al menos tres actuaciones: acordando una detención sin autorización judicial del TSJCV, citando en nombre del juzgado a Ripoll a comparecer y en la nota de prensa de la Policía se dice que a los detenidos se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento, mientras que en la nota de hoy del TSJCV se asegura que no hay ninguna imputación.

"Detenciones publicitarias"

"No había orden de detención", ha advertido González Pons, que ha añadido que esta orden de detener a Ripoll "se tomó" en el Ministerio del Interior, así como la "forma espectacular y cinematográfica de cómo iba a producirse". A su juicio, las detenciones fueron "confusas"y "echan tufo a detención publicitaria y política" para allanar el camino de José Luis Rodríguez Zapatero "de cara al debate del estado de la nación más difícil de su vida".

En una rueda de prensa en la sede del PP, González Pons ha exhibido el documento aclaratorio del TSJCV, la citación de la Policía y la nota de prensa facilitada ayer a los medios de comunicación para confirmar que "la Policía mintió, no hubo orden judicial y las detenciones se decidieron en Madrid, el día y la forma tan espectacular" de actuar.

El dirigente 'popular' ha exigido una "aclaración inmediata" de todos los "puntos oscuros" y ha denunciado que con Rubalcaba al frente de Interior "las garantías constitucionales, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho están en riesgo". También ha reconocido que en el PP ha crecido la alarma ante la posibilidad de que el Ministerio del Interior esté utilizando los recursos de la Policía Nacional para hacer publicidad del Gobierno socialista, a costa de la dignidad y los derechos fundamentes de algunas personas.