«Elevar la edad de jubilación va ser una decisión individual»

Esta es la legislatura de las grandes reformas. El secretario de Estado de la Seguridad Social y responsable de Economía y Empleo del PSOE, Octavio Granado, envió el pasado 29 de enero a la comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados su propuesta para reformar el sistema de pensiones porque, según explica, hay que solucionar el problema del envejecimiento de la población, como ocurre en Europa. Por este motivo, considera que las soluciones resultarán casi las mismas: "alargar la vida laboral de los trabajadores". O eso, o las futuras generaciones no tendrán pensiones públicas.

Pero la crisis económica no ha acelerado la reforma de las pensiones. Ya estaba prevista para esta legislatura, recuerda Granado. La situación económica, dice, "lo único que pone en cuestión es si un Estado tiene capacidad para mantener la cohesión social", y el futuro del sistema depende de que se pueda contar con suficientes cotizaciones para poder pagar las pensiones. La forma en que se consiga dependerá del pacto entre las fuerzas políticas y de su desarrollo con el acuerdo de los agentes sociales. Por eso, sobre la propuesta puesta encima de la mesa por el Gobierno para elevar de 65 a 67 años la edad de jubilación, reconoce que "no necesariamente" va a ser la solución.

Desde 2008, en que España presentó el informe sobre su sistema de la Seguridad Social, el Ejecutivo cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea sobre el diseño de las reformas. En el mismo ya se hablaba de la necesidad de reducir la jubilación anticipada, retrasar la edad del retiro laboral y modificar los procedimientos de cómputo de la pensión. Ahora todas esas ideas se van a tener que poner en práctica.

El responsable de la Seguridad Social, además, pone sobre la mesa un hecho: los efectos de cualquier reforma del sistema de pensiones tardan en verse entre 10 ó 12 años. "Lo que se haga ahora no se empezará a ver hasta 2015", advierte en este sentido. Por ese motivo, explica que la reforma que ahora se negocia tendría como primer efecto "dar confianza" a los agentes internacionales para que vean que "se están haciendo bien las cosas", algo en lo que coincide con el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Coste político

Pero Granado también intenta dar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos españoles porque, "a corto plazo, no habrá medidas traumáticas". Además de subrayar que elevar la edad de jubilación, en todo caso, será “una decisión voluntaria” del trabajador, que de adoptarla le comportaría un beneficio: tener mejor pensión. Por ello, insiste en que "la decisión va a ser más individual que colectiva; no va a depender del poder político sino de las circunstancias de cada uno". Por este motivo, cada futuro pensionista deberá planificarse a fin de cobrar "una pensión sostenible".

Lo cierto es que tras la polémica reforma laboral, tampoco ha gustado entre los sindicatos y buena parte de los trabajadores la propuesta del Ejecutivo de retrasar la edad de jubilación. Granado niega en este sentido que estén jugando a 'aprendices de brujo' y destaca que el PSOE -del que también es secretario federal de Economía y Empleo- es el partido más antiguo de España: "somos corredores de fondo y podemos tener un tropezón (electoral) por hacer cosas que consideramos que se deben hacer".

Está convencido, por ello, de que "no vamos (el Ejecutivo) a eludir algo que consideramos necesario (la reforma de las pensiones) por su coste electoral" pues, en su opinión, "sería inmoral no hacerlo", al igual que juzga "suicida", tanto "para el país como para el partido" que lo haga, "dificultar las reformas del Gobierno" en estos momentos de dificultad. Como "injusto" e "inmoral" le parece que "se haga pagar a los jóvenes las pensiones que ellos no van a poder disfrutar en el futuro", en alusión a lo que estima que puede pasar a medio y largo plazo si no se adoptan ahora las medidas oportunas.

No obstante, lo que Granado ve más positivo del Pacto de Toledo es que tiene los tiempos marcados y las decisiones que se adoptan "no se modifican, pese a la alternancia política". Además, al necesitar del acuerdo con los interlocutores sociales se garantiza que las reformas sean "moderadas", y esa moderación -explica- no es otra cosa que trasladar las medidas a través de "periodos transitorios y de adaptación".

No se tocarán las cotizaciones

Otra de las cuestiones de debate permanente en el citado Pacto es el de las cotizaciones. Desde el ámbito empresarial siempre se pide una bajada de las cotizaciones dado que el sistema tiene excedentes. Pero el secretario de Estado advierte de que "en pensiones, el retorno básico (cotizantes/pensionistas) nos prohíbe reducir nuestras fuentes de financiación", es decir, que aquellas no descenderán pese a lo solicitado por la patronal. También descarta, eso sí, que las cotizaciones se vayan a elevar para incrementar los ingresos, ya que considera que el actual sistema de cotizaciones es "bastante adecuado" y no supone "un lastre para la generación de empleo".

La solución que ve el responsable de la Seguridad Social se centra más en que no se expulse del mercado a los trabajadores más veteranos, ni tampoco a los que por algún problema físico se les encamina antes a una prestación de incapacidad laboral que a un empleo adecuado a sus necesidades físicas. Otras reformas que ya están encima de la mesa de negociación se centran en revisar la pensión de viudedad. Granado es partidario de que los viudos/as con menos de 30 años, con trabajo y sin hijos a cargo no la cobren, al menos, en la forma en que lo hacían hasta ahora. Y es que también abre la posibilidad de que dicho colectivo la puedan percibir en una sola paga, al estimar que a ellos mismos les puede resultar más interesante.

Y también, estima el secretario de Estado, se deberán buscar "beneficios fiscales" para poder extender los planes complementarios de pensiones a los autónomos y los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas (pymes). De hecho, piensa, ya en general, en buscar una fórmula para que las rentas medias y bajas puedan acceder a este tipo de planes, aunque en estos momentos reconoce que es "difícil" tomar una decisión porque cualquier incentivo o ayuda habría de adecuarse a las "necesidades financieras" del Estado.

Granado, por último, confía en que después del verano se retomen todas las propuestas y se alcance un acuerdo. "Es el Parlamento (a través del Pacto de Toledo) el que está fijando los plazos", asevera. Por este motivo, y aunque apunta que "en aras del acuerdo el tiempo no va a influir", considera que "cuanto antes" se cierre aquel mucho mejor. Y es que no descarta, incluso, poder introducir ya alguna medida en los Presupuestos Generales del Estado de 2011 -que se conocerán en otoño- en los que, por cierto, destaca que "la única gran partida que experimentará un crecimiento" será precisamente la de la Seguridad Social.