El exalcalde de Rota, condenado a año y medio de prisión por el «caso uniformes»

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha emitido este martes tras más de seis meses de deliberación su fallo sobre el 'caso uniformes'. La Audiencia ha condenado al exalcade de Rota, Lorenzo Sánchez, de Roteños Unidos y actual miembro de la Corporación municipal, a año y medio de cárcel y tres años de inhabilitación por un delito continuado de negociaciones prohibidas, además de diez años de inhabilitación para cargo público por prevaricación. La misma pena ha impuesto a la exconcejal Montemayor Laínez, quien fuera considerada su presunta mano derecha en la trama que se ha juzgado.

Por su parte, para Eva Corrales, también exalcaldesa de Rota y exconcejal del PP, la Sala la ha condenado a siete años de inhabilitación para cargo público por delito de prevaricación aunque la ha absuelto del delito de negociaciones prohibidas.

Además, Antonio Peña (PP), el exalcalde de Chipiona, pero que durante los hechos juzgados ocupaba el cargo de concejal en Rota, ha resultado finalmente absuelto.

En cuanto al resto de acusados. La mujer de Lorenzo Sánchez, Rosario Pacheco ha sido condenada a un año de prisión y dos de inhabilitación por negociaciones prohibidas, además de siete años de inhabilitación por prevaricación. Mismas penas se impone a Isidro Martín Bejarano, considerado por la acusación como el testaferro de Sánchez.

Para Ismael Puyana y Sonia Rodríguez, administradores de las empresas investigadas, se imponen seis años de inhabilitación.

El resto de funcionarios, como el secretario del Ayuntamiento, que fueron juzgados además de otros miembros del equipo de Gobierno, también investigados, han resultado absueltos.

La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer un recurso de casación.

Se da la circunstancia que Eva Corrales está a la espera de cumplir otra sentencia confirmada por Tribunal Supremo que la condenó a 4 años y medio de cárcel por el denominado 'caso horas extras'.

Una larga causa

La causa sentó en el banquillo de los acusados en mayo y durante nueve sesiones a una veintena de personas, entre ellos, tres exalcaldes además de otros políticos y funcionarios.

El ‘caso uniformes’ dirimía la responsabilidad de los investigados por firmar contratos públicos en la compra de uniformes para el Ayuntamiento roteño que fueron adjudicados presuntamente a una red de empresas propiedad de Lorenzo Sánchez, de su esposa y de varios concejales, a pesar de la prohibición legal que impide a los cargos públicos hacer negocios con la Administración.

El Ministerio Público solicitaba penas de inhabilitación y/o cárcel para 21 personas (17 de ellas concejales). A la cabeza de todas ellas, por la gravedad de los hechos imputados, el exalcalde y antigua mano derecha de Corrales, Lorenzo Sánchez.

La Fiscalía pedía para él cinco años de prisión y doce de inhabilitación por los delitos de prevaricación, gestión interesada y falsedad. Sánchez forma en la actualidad parte de la Corporación municipal de Rota por RRUU. Además también se ha dilucidado la responsabilidad de Antonio Peña (PP), el único que en el momento del juicio (dimitió el pasado mes de octubre), y que en el momento de los hechos, era concejal en Rota.

Los hechos

Según el escrito de acusación, desde el año 2003, cuando gobernaba como alcalde Lorenzo Sánchez, el Ayuntamiento de la localidad otorgó sucesivos contratos municipales en beneficio de tres empresas: Coanda Costuras, Epis Rotasur y Pacheco Puyana al comprarles uniformes a costa del erario público. En la firma Pacheco Puyana, el fiscal señalaba que aparecían como socias fundadoras las esposas de Sánchez y del exedil de PP, Ismael Puyana. En total, entre 2003 y abril de 2008, estas sociedades facturaron al Ayuntamiento 790.528,99 euros.

Entre los investigados en esta causa aparecía un hombre de confianza de Lorenzo Sánchez, que, como sostiene el Ministerio Público, fue utilizado, como un ‘hombre de paja’, para hacer estas supuestas operaciones fraudulentas. Según detalla, este procesado aparecía como administrador cuando en realidad era un empleado más.

En su acusación, el fiscal enumeraba una serie de movimientos mercantiles como la «venta simulada» de las participaciones de la esposa de Lorenzo Sánchez en Pacheco Puyana con el único fin, sostiene, de tratar de burlar la ley de contratos públicos que le impedía al alcalde hacer negocios con la Administración que dirigía. La mejor forma de escapar del concurso público era la adjudicación directa ya que por la cuantía de los sucesivos encargos (menos de 30.000 euros) no tenían que pasar por otros filtros administrativos.

Cuenta el escrito de acusación que en 2004 sí se llegó a tramitar un contrato mayor, «y se realizó con un grotesco incumplimiento de la ley», afirma. Para conseguirlo aprobaron supuestamente un pliego de condiciones, a pesar de que faltaban documentos como por ejemplo la justificación de la compra, y se dio un plazo de tan solo cinco días a varias empresas para que presentaran sus ofertas. «Cuando lo normal son 14 días y además se tramitó en agosto. Lo que pretendían los acusados era lo que finalmente consiguieron, que no hubiera tiempo material para que se presentaran las ofertas».

Esta fue la adjudicación que autorizó Eva Corrales como edil de Fiestas, por la que se sentó en el banquillo. Para el fiscal esta treta era una prueba evidente de que se utilizaron además de éste otros mecanismos para seguir concediendo contratos a las mismas empresas, si tener que pasar por trámites legales que lo impidieran.

Así, el fiscal destacaba también la construcción de unas bateas y carrozas para las fiestas, cuyo encargo se tramitó presuntamente a través de la empresa pública de aguas porque en caso contrario debían de abrir un concurso público.

La instrucción ha sido larga y engorrosa pero, tras muchas pesquisas, el caso llegaba a mediados de mayo a la Audiencia Provincial.

La investigación judicial partió a raíz de una denuncia del PSOE que alertó de que en el Consistorio roteño se habían adquirido uniformes con dinero público a una empresa propiedad de Sánchez. El regidor firmó aquellos contratos supuestamente buscando los precios más baratos pero, tras la denuncia, se comenzó a tirar del hilo y se abrieron diligencias por parte de la Fiscalía y posteriormente en el juzgado.