El coste de vivir en suelo legal

El problema de las construcciones ilegales se sigue planteando en decretos y ordenanzas como una cuestión excepcional. La legalización de estas residencias, viviendas habituales en muchos casos, no tiene un trámite ni una receta común para todos. Ni siquiera un precio estándar para que las edificaciones de ese terreno rústico se puedan incorporar al núcleo urbano. Cada municipio ha establecido sus reglas amparadas en las sucesivas normas aprobadas por la Junta en un intento de evitar el drama de ver derribado el hogar de una familia.

Sin censo ni inventario que permita dar oficialidad a las cifras, se estima que la provincia de Cádiz tiene alrededor de 40.000 viviendas ilegales. Un número lo suficientemente grande como para seguir tratándolo como un asunto excepcional.

Chiclana acaba de aprobar una nueva receta para legalizar 16.500 residencias. Ese es el número que recogen la futura ordenanza en la que también se ha cuantificado el coste del acceso a los servicios básicos de agua, alcantarillado y alumbrado. La media es, de entrada, de 9.500 euros por propietario. La urbanización, conducciones, instalaciones y cerramiento de las parcelas iría en una segunda fase a razón de 16.000 euros de media, como anunció la delegada de Diseminado, Cándida Verdier.

El Puerto avanza

El baremo no difiere mucho del establecido en otros municipios, donde son mucho más prudentes a la hora de hablar de costes medios. En El Puerto oscila entre los 37 y 43 euros el metro cuadrado de parcela para solventar las tasas y el suministro de los servicios básicos. El desembolso para la urbanización va a depender de cada zona, como destaca el concejal de Urbanismo portuense, Antonio Fernández. Para calcularlo, hay que tener encuenta la zona en la que se encuentra la edifición y su superficie, puesto que van a ser los propios vecinos los que gestionen los trabajos que se harán en base a unos parámetros establecidos por el Consistorio. Eso significa que serán ellos los que contraten a la empresa constructora e incluso negocien el precio. «El Ayuntamiento no se hará cargo, pero sí será el que recepcione esas obras, con lo que tienen que cumplir unos requisitos mínimos», indica el edil.

El Puerto cuenta con unas 4.500 viviendas ilegales repartidas en 47 áreas de regularización (ARG) y otras seis ARGT, estas últimas de carácter transitorio. Se espera que sea el próximo año cuando las primeras hayan superado todo el proceso y explica Antonio Fernández que administrativamente se han dado los pasos para ello. Pero «todo va a depender de la capacidad económica de los vecinos», aclara.

«Cada ARG tiene que presentar un proyecto de urbanización y varias de ellas así lo han hecho», asegura. Entre las más avanzadas se encuentran la de Valdeazahares, Las Marías II y La Manuela II, aunque eso no significa que vayan a ser las primeras, pues será la voluntad y eel poder adquisitivo de sus residentes lo que marque el ritmo.

La Sierra

También avanza en la regulación de este tipo de edificaciones el Ayuntamiento de Arcos. La localidad cuenta con alrededor de 1.400 residencias que cumplen los requisitos para acogerse a la amnistía que supuso la última reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Las otras 1.500 han encontrado encaje legal en el nuevo PGOUde la localidad, aunque igualmente están a expensas del bolsillo de sus propietarios. El coste, en este caso, no es fijo, se ha definido como el 6% del valor de los construido. Y para facilitar el pago a los dueños se ha incorporado la posibilidad de abonarlo de forma fraccionada.

Pero la Sierra de Cádiz tiene otras complicaciones, especialmente aquellos municipios que tienen edificaciones ilegales en el entorno del parque natural. Municipios como El Gastor o Setenil ya avisaron de que carecían de asentamientos para aplicar la norma y, por tanto, quedaban fuera de cualquier tipo de proceso.

Vejer se estanca

Mucho peor le ha ido a Vejer, que fue el primer municipio de la provincia en crear una oficina para regularizar viviendas. La localidad tiene contabilizadas alrededor de 800 casas ilegales en el entorno del El Palmar. Su situación privilegiada en una zona de gran riqueza litoral y la manera en la que están dispuestas las parcelas le hace muy difícil ajustarse a cualquiera de las fórmulas.

Daniel Sánchez, concejal de Ordenación del Territorio, viene batallando con el asunto desde el anterior mandato y admite con impotencia que «poco más se ha podido avanzar». Según explica, en este tiempo apenas se han concedido entre 50 y 60 diseminados, porque la mayoría de los suelos son en proindiviso y los propietarios tienen participaciones en parcelas, no terrenos independientes.

El otro condicionante es la influencia del litoral, que también hace mucho más difícil la sitaución. Eso sí, durante este último mandato se concentraron todos los esfuerzos en abaratar los costes, pues es la única manera de que los vecinos puedan participar del proceso. Sánchez asegura que «para una vivienda media de 120 metros cuadrados el coste es de entre 2.500 y 3.000 euros. Con el coste total llegaría a los 4.000 euros.

El problema se extiende a otras zonas costeras como Los Caños, donde el Ayuntamiento de Barbate se ha encontrado con las mismas dificultades para un millar de residencias.