Aplazado a septiembre el juicio contra los exdelphi por la simulación de contrato

Poco más de un año ha tardado la justicia en sentar en el banquillo al colectivo exdelphi que realizó cursos de formación entre 2009 y 2012 con una modalidad de contrato que no está regulada en el marco laboral español. Los extrabajadores de la antigua factoría de automoción son el último eslabón de una cadena de errores que parte dela Administración regional, encargada hasta esa fecha de coordinar tanto su formación como su recolocación. Insisten en que el contrato que reguló esa formación fue elaborado por la Consejería de Empleo y ahora son ellos los que pagan el pato de ese cúmulo de deficiencias.

Los representantes sindicales del colectivo acudieron este lunes a la cita judicial para exponer su versión, sin embargo, el titular del juzgado número 3 de lo Social decidió finalmente aplazar la comparecencia hasta el próximo 28 de septiembre. Según ha podido saber LAVOZ, la documentación y algunos expedientes han llegado tarde a las dependencias judiciales y los abogados no han tenido tiempo para su estudio. Los afectados confían en que el juez dé carpetazo al asunto el próximo septiembre.

El juzgado comunicó oficialmente en febrero del año pasado a los extrabajadores que existía una denuncia por las prestaciones recibidas con cargo a ese contrato ilegal de formación y se abrían por ello deiligencias por el cobro indebido. El Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz, uno de los tres que llevan las demandas contra 420 extrabajadores de Delphi por la supuesta simulación de contratos laborales cuando recibían formación por parte de la Fueca y otras entidades, acordó desestimar la medida cautelar solicitada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de suspender las prestaciones o subsidios de desempleo que estaban percibiendo los afectados.

El juzgado señaló que tomaría una decisión, una vez que se celebrara el juicio. La comparecencia se esperaba este lunes con la declaración de los representantes sindicales y miembros de la Fundación Universidad y Empresa de Cádiz (Fueca), encargada de impartir los cursos. La Fueca se vio obligada a interponer la denuncia ante las presuntas irregularidades que envuelven esta formación. Sin embargo, el juicio ha sido aplazado. La Inspección de Trabajo y la Seguridad Social fueron quienes dieron la voz de alarma de estas anonmalías. Los extrabajadores señalan que fue la Junta la que organizó todo.