Tres cuestiones sobre la reforma de la Constitución

Plantearé tres cuestiones acerca de la reciente reforma de la Constitución. Una cuestión tiene que ver con el procedimiento, una segunda con la filosofía de la acción pública que supone y una tercera con la manera de contestarla.

Parece que la reforma de la Constitución se produce por la presión del Banco Central Europeo. Digo parece porque lo primero que llama la atención es la prisa y el secretismo que han rodeado la medida. Una Constitución debe protegerse de la presión de las mayorías coyunturales y para ello necesita instaurar mecanismos de reforma exigentes. Las mayorías no han podido ser más coyunturales y dependientes de presiones poco argumentadas: se tiene la impresión de que buena parte del grupo socialista ha actuado por disciplina de partido, sin comprender bien en qué consiste la medida de su imprevisible presidente. La unidad de su empresa política ha primado más que su ideario socialista, algo que no hace sino confirmar la idea de que bastantes diputados se deben más a la estabilidad de su partido que a la de su conciencia política.

Resulta absurdo negar que haya argumentos a favor de la reforma. Por su gravedad, pues la reforma restringe las posibilidades en materia económica, procedía un debate público donde se expusieran, sin medias palabras, los argumentos. Quizá Zapatero se crea un hombre de Estado asumiendo medidas tan fuertes sin explicarlas ante la ciudadanía y jugando la pose de héroe trágico, que sacrifica sus tendencias íntimas por razones más altas. Pero un héroe trágico no hace poses, reconoce sus errores y expía sus culpas delante de todos, de lo contrario, se convierte en un figurón patético. Zapatero debiera explicar por qué su ideología era errónea y cuáles son las razones de su cambio. De lo contrario, él puede verse como quiera pero los demás podemos pensar que más que un hombre de Estado es un hombre de mercado. En dos sentidos: actúa bajo la presión de las fracciones más agresivas del capital especulativo y sus ideas son fruto de una adaptación maquiavélica a las coyunturas: antaño, cuando quería ganarse la confianza de la izquierda, jugaba a gobernante inspirado por filósofos republicanos como Philip Pettit, para quienes sin deliberación pública no hay política, sino negocietes entre los mandamases; hoy, cuando ya no va a volver a ser presidente, sólo le preocupa que los fanáticos del neoliberalismo le llamen gobernante razonable.

La segunda cuestión tiene que ver con la filosofía del gasto público que instala. Un Estado debe calcular con criterios de rentabilidad empresarial y para ello necesita ser fiscalizado permanentemente. Hay dos ideas en este punto que cabe aclarar. Primera idea: ¿puede un Estado ingresar más o lo mismo que gasta siempre y en toda situación? Siempre y cuando las necesidades humanas y las acciones públicas permitan cálculos contables. ¿Cómo se contabiliza el éxito educativo? ¿Con el número de aprobados, sea el nivel cual sea? ¿Y el sanitario? ¿Con el número de curas? ¿No es necesario curar bien a largo plazo y no mal a muchos en el corto? ¿Y la atención psicológica? ¿No haciendo terapias y recetando medicamentos, que es más rápido? ¿Olvidando a los pacientes incurables? Como decía Jesús Ibáñez, con algunas cuentas nos cuentan cuentos. Por lo demás, hay que recaudar con justicia, cuando se pone uno severo con el gasto público. Y en materia impositiva, hasta algunas grandes fortunas (por cierto, no las españolas), exigiendo pagar más impuestos, pasan por la izquierda a nuestros gobernantes. Si no es así, da igual: el reequilibrio de las cuentas públicas -un objetivo deseable- exige el aumento de la presión impositiva sobre el capital financiero y sobre las grandes fortunas, y al respecto nuestro gobierno se muestran prudentísimo hasta la cobardía. Segunda idea: la creencia de que el Estado es una fuente de burocracia inútil y de derroche y, por eso, se necesita atarlo en corto. Todo lo que no sea la promoción del espíritu empresarial se convierte en sospechoso y, por eso, hay que reducir estructuralmente la capacidad de maniobra del Estado. Pero ¡cuidado!, no en pagar a los acreedores, en eso el Estado tiene que priorizar frente a los gastos en sanidad o educación.

Tercera idea. El 15M dice estar contra esta reforma, pero, estar contra algo define poco. Las personas que forman el 15M deberían (deberíamos) especificar: qué cabe hacer en la situación concreta que vive España, qué pensamos acerca de la intervención del Estado en la economía y de si debe hacerse respetando a los usuarios o dándole autoridad a los profesionales (por ejemplo, en sanidad o educación). Si se cree que los funcionarios públicos deben obedecer a los ciudadanos, sólo hay un camino: la evaluación constante por medio de instrumentos de objetivación de la acción y la dependencia del empleo público de la satisfacción ante su actividad (fuera pues los funcionarios y contrátese a empresas de servicios). Si se cree eso, y alguno de los que yo he visto gritar «no nos representan» parece creerlo y no se da cuenta, debe aclararse y, como exigía la máxima de Píndaro, llegar a ser el que se es: un neoliberal que no se reconoce como tal. Si creen, por el contrario, que el Estado puede intervenir en la economía para algo más que reflotar el capital, que los funcionarios están en un lugar porque han demostrado ciertas competencias, que las políticas públicas deben nacer de una deliberación colectiva, deberían defender el campo de juego abierto por nuestra constitución, por mucho que encuentren de insatisfactorio en la misma. Solo en los delirios de un demagogo puede hacer una norma compartida que satisfaga a todo el mundo, siempre, y en cualquier coyuntura. La Constitución de 1978 permitía que un político (Julio Anguita) reclamase otra política económica remitiéndose a un desarrollo posible de la Carta Magna. Es un cierre del universo del discurso enorme y da escalofríos que la mayoría de sus señorías no haya considerado necesario preguntarnos. Si algo muestra que el 15M era necesario, son ellos con su comportamiento.